Abriendo la norma
Ley 16.432
Autorízase al Poder Ejecutivo para ordenar las disposiciones del artículo 150 de la ley 11.672 (edición 1943) y del artículo 39 de la ley 15.021, conforme a las modificaciones que a continuación se establecen y que sustituyen las contenidas en el artículo 61 de la ley 15.796:
a) El monto de la cuota anual prevista en el punto 1°, que será fijada por el Poder Ejecutivo, no podrá exceder del máximo de treinta mil pesos $ 30.000. La tasa uniforme no mayor del cinco por mil (5 o/oo), que también fijará el Poder Ejecutivo, se calculará sobre las primas directas netas de anulaciones, la que será recaudada por los aseguradores como agentes de retención, liquidándose trimestralmente.
b) Sustitúyese el texto del punto 2° por el siguiente:
La Superintendencia de Seguros de la Nación es una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Economía, con facultad de proyectar su presupuesto anual que elevará para su aprobación al Poder Ejecutivo por intermedio de dicho ministerio, y con personería para actuar en juicio, cuya función es el contralor de los aseguradores en todo lo relacionado con su régimen económico y técnico. A ese efecto fiscalizará y podrá objetar la organización, funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades de seguros privadas, estatales y mixtas, y en especial los planes, primas y modelos de contratos que aquéllas formulan los balances, el régimen y conducta de los intermediarios y la publicidad o propaganda de seguro en general. A su propuesta, y por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación el Poder Ejecutivo fijará los capitales mínimos para operar en seguros. Las sucursales y agencias de sociedades extranjeras deberán mantener los capitales y reservas radicados en el país. El presente régimen comprende a todos los aseguradores sin excepción, y la Superintendencia de Seguros declarará incluidos en el mismo a quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifique.
c) Agrégase a continuación del primer párrafo del punto 8° el siguiente:
La Superintendencia de Seguros de la Nación sólo observará las primas por insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias, aprobando niveles mínimos uniformes para que no se afecte la estabilidad del mercado o la solvencia de los aseguradores. Se expedirá dentro de los 120 días en caso de planes y tarifas nuevos y de los 30 días en los demás casos.
d) Sustitúyese el texto del punto 14 por el siguiente:
Cuando se infrinjan las disposiciones de este régimen legal o las reglamentaciones previstas en el mismo o no se cumplan las medidas dispuestas en su consecuencia por la Superintendencia de Seguros y de ello resulte el ejercicio anormal de la actividad aseguradora o una disminución de la capacidad económico-financiera del asegurador o un obstáculo real a la fiscalización, el infractor se hará pasible de las siguientes sanciones, que se graduarán razonablemente según la buena fe, la gravedad y reincidencia:
1° Apercibimiento.
2° Multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000), cuyo producto ingresará como recurso de la Superintendencia de Seguros.
3° Suspensión de hasta tres (3) meses para operar en uno o más ramos autorizados, en los casos de ejercicio anormal de la actividad aseguradora o disminución de su capacidad económico-financiera.
Quienes pretendan asumir operaciones de seguros sin encontrarse autorizados para ello según este régimen, incurrirán en la multa señalada y, si llegaren a celebrar contrato, éste será nulo.
La Superintendencia sujetará sus decisiones de carácter particular a formas de procedimientos cuya sustanciación garantice el derecho de defensa y la producción de pruebas. La resolución fundada será apelable ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital, dentro de los nueve días hábiles de notificada. El recurso se concederá en ambos efectos, excepto cuando la resolución recurrida disponga medidas de saneamiento del estado económico-financiero del asegurador, que llevará el solo efecto devolutivo. La Cámara recibirá la prueba por diez días hábiles pudiendo presentarse memorial dentro de los cinco días hábiles subsiguientes, y dictará sentencia dentro del término de quince días hábiles, por vía de cuya ejecución se perseguirán las multas.
Las resoluciones de carácter general o susceptibles de afectar intereses generales del seguro dictadas por la Superintendencia admiten recursos de revisión con apelación en subsidio ante el Poder Ejecutivo, el que puede ser interpuesto por cualquier asegurador dentro de los treinta días hábiles de hechas públicas. Denegado, o transcurridos quince días hábiles de la interposición, la Superintendencia elevará las actuaciones dentro del tercer día al Ministerio de Economía y si no lo hiciere procederá el recurso de queja ante el mismo. El Ministerio dispondrá la apertura a prueba de oficio o a pedido de parte, la que deberá diligenciarse en el término de 10 días hábiles. El recurso que será resuelto por decreto del Poder Ejecutivo se concederá al solo efecto devolutivo, pero en cualquier estado del trámite el ministerio puede disponer la suspensión de la resolución recurrida.
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