Abriendo la norma
Sustitúyense los artículos 198 y 199 de la Ley de Aduana, texto ordenado en 1962 y sus modificaciones, por los siguientes:
Artículo 198. - Todo despachante, consignatario, depositario, vendedor o cualquier otra persona que por cualquier título tenga en su poder con fines de comercio o industrialización mercaderías extranjeras, está obligado a probar ante la autoridad aduanera cuando a juicio de ésta hubiera motivo de creer que se ha pretendido evadir los impuestos o requisitos de importación, la legitimidad de la introducción de las mercaderías.
A los efectos de dicha comprobación sólo se admitirán los documentos expedidos por la autoridad aduanera o el cumplimiento estricto de las normas que dicte directamente el Poder Ejecutivo o por delegación de éste la Dirección Nacional de Aduanas con el objeto de determinar la lícita procedencia de las mercaderías extranjeras que se encuentran en plaza, a cuyo efecto podrá exigirse declaraciones juradas de existencias, marcación de mercaderías, contabilización en libros especiales o todo otro medio o sistema que concurra a asegurar que las mercaderías que se comercien en plaza han ingresado legalmente al país.
Si las personas a que se refiere el párrafo primero no probaren por los medios señalados en el párrafo segundo la legítima introducción de las mercaderías en su poder, se dispondrá el comiso irredimible de tales mercaderías y la aplicación de una multa accesoria que oscilará entre tres (3) y diez (10) veces el valor de los efectos, la que nunca podrá ser inferior a treinta mil pesos ($ 30.000) por la primera infracción y a cien mil pesos ($ 100.000) en caso de reincidencia, todo ello sin perjuicio de que pueda disponerse la clausura del local o comercio por el término de un mes a un año, medida ésta que podrá ser definitiva a la tercera infracción. Los infractores serán sometidos a la justicia nacional a los efectos previstos por el artículo 188 si ' prima facie' surgiera la comisión del delito de contrabando.
Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo no será aplicable cuando se trate de mercaderías de origen extranjeras sujetas al pago de impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su comercialización o en sus depósitos o dependencias anexas, sin llevar debidamente adherido el instrumento fiscal respectivo. En estos supuestos se presume de derecho, sin admitirse prueba en contrario, que tales mercaderías no han tributado los gravámenes a la importación y no se instruirá sumario, disponiéndose de inmediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse posteriormente por contrabando.
En los casos de mercaderías sometidas a regímenes especiales tendientes a determinar su lícita procedencia o que deban llevar adheridos los instrumentos fiscales de impuestos internos, comprobados 'prima facie' los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, la primera autoridad que intervenga dispondrá, desde ese momento, el secuestro de la mercadería y su remisión inmediata a la autoridad aduanera pertinente o su depósito en los lugares señalados por ésta y la clausura provisional del correspondiente local o comercio y sus anexos, la que no podrá extenderse más allá del pago de la multa que se imponga o de la absolución en su caso.
La infracción a las normas que dicten el Poder Ejecutivo o la Dirección Nacional de Aduanas como consecuencia de la autorización contenida en el párrafo segundo será castigada con multa de diez mil pesos ($ 10.000) a un millón ($ 1.000.000), siendo autoridad de aplicación la aduana o receptoría en cuya jurisdicción se haya consumado. Comprobada 'prima facie' la infracción a que se refiere el presente párrafo, la primera autoridad que intervenga dispondrá, en su caso, el secuestro de los instrumentos fiscales, documentación, estampillas, signos identificatorios, etc., irregulares o existentes en más, remitiéndolos de inmediato a la autoridad aduanera pertinente o a los lugares señalados por ésta.
Las sanciones determinadas en los párrafos tercero y sexto del presente artículo procederán con total independencia de la existencia o no de perjuicio fiscal y con abstracción de las penalidades en que pudiera incurrirse si se hubiese cometido el delito de contrabando. En los casos de mercaderías sujetas a regímenes especiales para determinar su lícita procedencia serán aplicadas mediante un procedimiento administrativo sumarísimo y especial, en el que los funcionarios que previamente y con carácter general en virtud de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo designe la Dirección nacional de Aduanas con los poderes y atribuciones de juez administrativo, verificarán la mercadería con el asesoramiento que estimen indispensable, determinarán si existe infracción esto es, si se trata de mercadería extranjera que no se encuentra debida y correctamente identificada por los medios correspondientes y dictarán resolución condenando o absolviendo, previo análisis de las razones alegadas y de las pruebas pertinentes. Del fallo de la autoridad aduanera de primera instancia podrá apelarse dentro de los tres (3) días ante la Dirección Nacional de Aduanas. Contra la decisión de ésta o el fallo firme de la autoridad aduanera de primera instancia, así también como contra aplicación de lo dispuesto en el párrafo cuarto, sólo procederá interponer ante la justicia federal y dentro del perentorio término de quince (15) días demanda de repetición respecto de las sumas abonadas.
Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en los casos de mercaderías extranjeras que se encuentren en plaza sin tener debidamente adheridos los instrumentos fiscales de impuestos internos cuando ello corresponda, así como en los de las sometidas a regímenes especiales para determinar su lícita procedencia que se encuentren en infracción a éstos, hasta el 100% el importe de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehensores; y para integrar un fondo especial con el producto de la recaudación aduanera, destinada a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes al comiso de la mercadería, el importe de la adjudicación sobre su valor. Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para determinar en dichos casos el importe total sobre el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores y para disponer cuando proceda, la comercialización de las mercaderías comisadas por intermedio de los industriales o importadores del ramo y/o de sus cámaras representativas. Tanto en este caso como en el de venta directa en pública subasta, podrá eximirse de impuesto a las mercaderías comisadas. La participación que corresponda a denunciantes y aprehensores sobre las multas que se impongan será abonada dentro de los quince (15) días de la fecha de sus respectivos ingresos.
Artículo 199. - Facúltase a la autoridad aduanera, a la Dirección General Impositiva y a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales (Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima, Gendarmería Nacional y policías provinciales) para disponer la interdicción o el secuestro de las mercaderías extranjeras existentes en plaza, sospechadas de ser objeto de contrabando o de otras infracciones aduaneras medidas que quedarán sin efecto si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles la autoridad aduanera competente no hubiera abierto la causa respectiva. Facúltase asimismo a dichas autoridades cuando se tratare de mercaderías en alguna de las situaciones a que se refiere el quinto párrafo del artículo 198, a proceder, además, en los casos y del modo que dicho artículo prevé, a la clausura provisional del local o comercio y sus anexos en que las mercaderías en cuestión se encuentren.
En las distintas jurisdicciones las respectivas reglamentaciones determinarán los funcionarios competentes para disponer las medidas a que se refiere el párrafo anterior, fijándose en 48 horas el plazo dentro del cual deberán éstos dar intervención a la autoridad aduanera competente a los fines del procedimiento que corresponda.
Tanto en los casos a que se refiere el primer párrafo, en que las autoridades que el mismo determina dispongan el secuestro de mercaderías o efectos, como en cualquier otro supuesto en que lo haga la Aduana, si se dictara absolución, los bienes secuestrados no tributarán suma alguna en concepto de tasas o servicios de almacenaje, eslingaje o similares. Aun cuando se dictare resolución condenatoria a los bienes interdictos, éstos no sufrirán recargos en el pago de aquellos servicios que serán liquidados sobre la base del primer período, comenzándose a computar los recargos en la forma ordinaria una vez transcurridos diez (10) días de haber cesado la interdicción.
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