Abriendo la norma
Ley 17.575
Las Cajas Nacionales de Previsión y la Dirección General de Servicios Comunes de Previsión tendrán amplios poderes para verificar, en cualquier momento, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los responsables y obligados den a las leyes, reglamentos, resoluciones y toda otra norma en materia previsional, fiscalizando el contenido y exactitud de las declaraciones juradas e informaciones, o la situación de cualquier presunto responsable u obligado.
En el desempeño de esa función podrán:
a) Efectuar inspecciones en los lugares de trabajo;
b) Citar al firmante de la declaración jurada o información, al presunto obligado o responsable, o cualquier tercero que a su juicio tenga conocimiento de la actividad de aquéllos, para contestar o informar, verbalmente o por escrito, según las Cajas o la Dirección General estimen conveniente, y dentro de un plazo que se fijará prudencialmente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre las circunstancias que a juicio de aquéllas estén vinculadas a la situación contemplada por las respectivas leyes de previsión;
c) Exigir de los responsables, obligados o terceros, la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a la situación precedentemente señalada;
d) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables, obligados o terceros, que puedan registrar o comprobar las circunstancias que se juzguen vinculadas a dicha situación previsional; Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en el inciso b), o cuando se examinen libros, anotaciones, papeles y documentos, se dejará constancia en actas de la existencia e individualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios o empleados de las Cajas o de la Dirección General, sean o no firmadas por los interesados, servirán de prueba en los sumarios y juicios respectivos;
e) Practicar notificaciones e intimaciones, inclusive a los fines previstos por el artículo 17 de la Ley 17.250;
f) Requerir por medio de los funcionarios especialmente autorizados para estos fines el auxilio inmediato de la fuerza pública, cuanto tropezaren con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuere menester para hacer comparecer a los responsables, obligados o terceros, o cuando fuere necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido y, en su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa, demora u omisión incurrirá en las penalidades establecidas por el Código Penal;
g) Recabar orden de allanamiento al juez nacional respectivo, por medio de los funcionarios mencionados en el inciso anterior, orden que deberá ser despachada por el juez dentro de las 24 horas, habilitando los días u horas inhábiles que fueren necesarios.
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