Abriendo la norma
Las provincias podrán dentro de los 90 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente, adherir por ley provincial, aceptando las modificaciones que por la presente ley se introducen al régimen establecido por el Decreto-Ley N° 505/58 y derogar, en igual término, las leyes locales que puedan oponerse a la presente. Se deja establecido que quedarán automáticamente comprendidos en dichas derogaciones los tributos locales que alcanzaren a combustibles sin precio oficial de venta, cuando éstos resulten objeto del impuesto nacional en virtud de la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 4° de la presente ley. En el supuesto de no producirse la adhesión en el término señalado, las provincias deberán reintegrar al Gobierno Nacional las sumas que hubieran percibido en virtud de dichas disposiciones, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá efectuar las compensaciones con otros libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Se destinarán al Fondo Nacional de Vialidad el 57,83% de las sumas reintegradas y al Fondo Nacional de la Energía el 42,17%. Las provincias no adheridas perderán además su participación en el Fondo II, instituido por el artículo 21 del Decreto-Ley N° 505/58, y en la distribución del Fondo Especial Provisorio instituido por el inc. c) del artículo 8°. En esta hipótesis el Poder Ejecutivo Nacional establecerá en las provincias no adheridas precios oficiales de venta que tengan en cuenta esta situación. Por su parte, las provincias que adhieran a este régimen, deberán comunicar- a efectos de su reajuste- el monto de los impuestos que hubieran podido percibir de acuerdo con el régimen establecido por la presente.
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