Abriendo la norma
Las infracciones cometidas por los beneficiarios del régimen de la presente ley y de sus decretos reglamentarios, a los requisitos exigidos y a los términos de las propuestas aceptadas, harán pasibles de las siguientes sanciones a los infractores:
a) Caducidad de la autorización acordada.
b) Devolución de las sumas recibidas como créditos, abonando también los intereses correspondientes, cualquiera fuera la naturaleza de éstos.
c) Caducidad de los plazos para el pago de los créditos acordados.
d) Pago de la diferencia de precios promocionales acordados y de intereses por dicha diferencia.
e) Pago de todos los importes de los que fueron eximidos o liberados en razón de las exenciones, liberaciones o desgravaciones impositivas y arancelarias, con que se beneficiarán por aplicación de la presente ley.
f) Multas, a graduar según la infracción, entre el uno por mil y el diez por ciento de la inversión total del proyecto. Se entiende por inversión total las que corresponden a sumas invertidas en inmuebles, construcciones y obras civiles, maquinarias y equipos, instalación de la planta industrial, puesta en marcha de la misma, activo circulante y activo intangible.
Darán lugar a la aplicación conjunta de las sanciones previstas en los incisos a), b), c), d) y e) las siguientes infracciones:
1) El incumplimiento de la iniciación y ejecución de las obras en los plazos previstos; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados.
2) Abandono de las obras de modo injustificado a juicio de la Comisión "Plan Huarpes".
3) La utilización de los bienes que conforman el proyecto autorizado de modo distinto a los expresamente determinados en la autorización respectiva. Este hecho dará lugar también a la aplicación de la sanción de multa del inciso f).
Las demás infracciones serán reprimidas con la pena prevista en el inciso f). Las sumas recaudadas que no tengan afectación específica ingresarán a Rentas Generales.
De las sanciones impuestas, conforme al procedimiento que determinará el decreto reglamentario, podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación de las mismas por ante el Poder Ejecutivo o por ante el Tribunal Federal de Apelaciones que corresponda, siendo la elección de una vía excluyente de la otra.
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