Abriendo la norma
Ley 19.904
Las infracciones a los regímenes que se dicten al amparo de la presente ley y a los términos de las autorizaciones que acuerde el Poder Ejecutivo, podrán ser pasibles de algunas o todas de las siguientes sanciones:
a) Caducidad de pleno derecho de:
1. Los beneficios acordados, total o parcialmente.
2. Los aportes directos del Estado.
3. Los plazos acordados para el pago de los créditos oficiales.
4. Los contratos de locación de bienes del dominio del Estado.
b) Devolución de todas las sumas que se hubieren percibido por cualquier concepto con motivo de la promoción acordada, con más el interés máximo autorizado para operaciones de crédito ordinario por el Banco Central de la República Argentina, a la fecha en que se efectúe la devolución;
c) Pago de la diferencia entre los precios promocionales acordados u obtenidos con motivo de la promoción otorgada y los que hubieren debido abonarse sin dicho beneficio, con más los intereses sobre las sumas que resulten liquidadas conforme a lo dispuesto en la última parte del inciso anterior;
d) Pago de los tributos o derechos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más los intereses sobre las sumas que resulten liquidadas conforme a lo dispuesto en la última parte del inciso b);
e) Aplicación de multas, a graduar según la infracción, desde el uno por ciento (1 %) hasta el diez por ciento (10 %) del monto total actualizado de la inversión del proyecto. Se entiende monto total de la inversión el que corresponde a inmuebles, construcciones, obras civiles, maquinarias y equipos, instalación de la planta industrial, gastos para la puesta en marcha de la misma, activo circulante y activo intangible. La prescripción y su interrupción se regirán por las disposiciones de la Ley N° 11.683 (t. o. 1968 y sus modificaciones). Las sumas recaudadas ingresarán a Rentas Generales.
Para el caso de que intimado el infractor a la devolución o pago a que se refieren los incisos b), c) y d) no diera cumplimiento en el plazo improrrogable de diez (10) días corridos, la repartición pertinente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda para su cobro por vía judicial por el proceso sumarísimo.
Cuando las infracciones configuren también hechos ilícitos reprimidos como delitos y/o infracciones por la legislación penal impositiva y/o aduanera, lo dispuesto se aplicará independientemente y sin perjuicio de las normas penales impositivas y/o aduaneras correspondientes.
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