Abriendo la norma
Ley 19.987
Los jueces y camaristas son inamovibles y conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo podrán ser removidos previo juicio que deberá sustanciarse ante la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que se determine por sorteo.
Son causas de remoción:
a) Mal desempeño de sus funciones;
b) Desorden de conducta;
c) Negligencia reiterada;
d) Comisión de delitos;
e) Ineptitud;
f) Violación de normas sobre incompatibilidad.
La acusación será formulada en forma escrita y fundada por cualquier interesado o por el Ministerio Fiscal.
El Tribunal podrá exigir ratificación y firma de letrado al acusador y ordenar la suspensión del trámite hasta tanto se cumplan estos requisitos. Asimismo, podrá desestimar, sin sustanciación, aquellas denuncias en las que no se encontrare mérito suficiente.
El Tribunal podrá suspender al juez desde la presentación de la acusación o concederle licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure el juicio; la percepción del mismo quedará supeditada al resultado del proceso.
De la acusación se dará traslado por quince días hábiles al acusado y contestada que fuera o vencido el término, se convocará inmediatamente a las partes a una audiencia, con cinco días hábiles de anticipación como mínimo.
Las partes deberán solicitar, con tiempo suficiente, todas las medidas indispensables para que la prueba se produzca y sea examinada en la audiencia, a la que deberá concurrir también el fiscal de Cámara.
Si el acusador no compareciere sin justa causa, se le aplicará una multa cuyo monto se fijará anualmente en la Ordenanza Tarifaria, destinada al Instituto Municipal de Previsión Social, archivándose el expediente siempre que la acción no fuere seguida por el fiscal de Cámara. Si el acusado faltare sin justa causa, se le juzgará en rebeldía. La sentencia se dictará en la misma audiencia o a más tardar dentro de los tres días hábiles posteriores y, si fuere condenatoria, declarará la remoción del juez o camarista, pudiendo accesoriamente inhabilitarlo para desempeñar cargos en la Municipalidad de Buenos Aires. Cuando la acusación fuere manifiestamente temeraria o maliciosa, el Tribunal podrá imponer a su autor y al letrado patrocinante una multa, cuyo monto se fijará anualmente en la Ordenanza Tarifaria, con destino al Instituto Municipal de Previsión Social.
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