Abriendo la norma
Ley 19.987
Todo acto de inversión o gasto ejecutado en violación a las disposiciones constitucionales, legales y de ordenanzas, llevará implícito la presunción del perjuicio. La prueba en contrario corresponderá al funcionario a quien se le impute el daño inferido.
Si no la ofreciere o produjere, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus propios medios y dictará sentencia sobre la base de lo actuado.
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