Abriendo la norma
Todo descubrimiento de fosfatos calizos como así también el hallazgo de ese mineral en minas manifestadas, registradas o concedidas, dentro de las zonas de reservas, deberá ser denunciado a la Autoridad Minera en el plazo de treinta (30) días hábiles de producidos, bajo pena de multa de diez mil pesos ($ 10.000) a veinte mil pesos ($ 20.000).
La Autoridad Minera respectiva procederá en todos los casos, previo registro si correspondiere, a efectuar de inmediato la pertinente notificación al Ministerio de Industria y Minería o a la Dirección General de Fabricaciones Militares, según la zona.
El organismo correspondiente dispondrá, en los casos previstos por el artículo 7°, del plazo de dos (2) años contado desde esa notificación para optar por la titularidad o renuncia del descubrimiento. En ese plazo se realizarán las tareas exploratorias que en forma primaria permitan fundamentar el criterio a seguir.
En el caso de localización de fosfatos calizos en minas manifestadas, registradas o concedidas, si el organismo correspondiente decidiere la explotación, la Autoridad Minera deberá expedirse sobre si resulta posible desde los puntos de vista técnico y económico, el aprovechamiento simultáneo de la sustancia reservada y de las restantes que constituyeran el yacimiento. Si la determinación fuere positiva las partes convendrán la forma en que se desarrollará el aprovechamiento. Si no hubiere acuerdo o si la determinación fuere negativa, el Estado podrá proceder a la expropiación, a cuyo efecto se declara la explotación de fosfatos calizos de utilidad pública superior a la de las demás sustancias minerales comprendidas en el yacimiento.
Durante el término en que el Ministerio de Industria y Minería y la Dirección General de Fabricaciones Militares se encuentran facultados para ejercer la opción, continuarán los trabajos en el yacimiento en las condiciones que se convengan. Transcurrido dicho plazo sin haberse optado por la explotación, se considerará que el organismo estatal ha renunciado su derecho a favor del manifestante, registrador o concesionario.
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