Abriendo la norma
Ley 20.954
Sustitúyense los artículos 2º, 4º y 5º del Decreto-Ley N° 17.597/67 modificado por el Decreto-Ley N° 20.073/72 por los siguientes:
"Artículo 2º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para fijar precios oficiales de venta de los combustibles los que no podrán exceder el importe resultante de la sumatoria de los valores de retención fijados para cada consumo de los subproductos de origen nacional, ni ser inferiores a las tres cuartas partes (75 %) del valor de retención correspondiente a cada uno de los mismos.
"Artículo 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer gravámenes sobre los derivados del petróleo que no tengan precio oficial de venta, los que no podrán exceder del importe equivalente al de sus correspondientes precios de venta excluidos dichos gravámenes. Esta facultad no será de aplicación con respecto a los combustibles alcanzados por otros gravámenes nacionales con afectación especial.
"Artículo. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar precios oficiales de venta a los combustibles que se utilicen como materia prima en la industria petroquímica y los destinados al consumo de usinas eléctricas de servicios públicos y al de las actividades reglamentadas por los Decretos-Leyes números 17.500 y 17.509, sin sujetarse a lo establecido en el artículo 2º.
"Las diferencias entre los precios oficiales de los combustibles a que se refieren los artículos 2º o el presente, en relación a sus retenciones, podrán ser compensadas por los contribuyentes con impuestos sobre otros combustibles.
Igual compensación corresponderá cuando la retención de cualquier combustible de origen importado supere a su precio oficial de venta."
Las provincias podrán hasta el 31 de octubre de 1975 adherirse por ley provincial, aceptando las modificaciones que por el presente artículo se introducen al régimen de los Decretos Leyes Nros. 505/58 y 17.597/67 y sus modificaciones y derogar, en igual tiempo, las leyes sociales que pudieran oponérseles.
En el supuesto de no producirse la adhesión en el término señalado, las provincias deberán reintegrar al Gobierno nacional las sumas que hubieran percibido en virtud de las disposiciones del régimen citado, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo nacional podrá efectuar las compensaciones con otros créditos a favor de las respectivas provincias.
Se destinará al Fondo Nacional de Vialidad el 57,83 % de las sumas reintegradas y al Fondo Nacional de la Energía el 42,17 %.
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