Abriendo la norma
Ley 210
Siendo requeridos ambos Estados respectivamente, por sus ministros y oficiales públicos debidamente autorizados, se obligan a entregar a las justicias las personas acusadas de homicidio alevoso, de incendio voluntario, fabricación o expendio de monedas falsas o de sellos públicos, sustracción de valores cometida por empleados públicos o efectuada por cajeros de establecimientos públicos o casas de comercio siempre que la ley señale a este crimen pena aflictiva o infamante, y los acusados de bancarrota fraudulenta. En el caso de que una de las partes contratantes reclame de la otra la extradición de un criminal, instruirá su reclamo con documentos de tal naturaleza, que según las leyes de la nación en que se hubiere refugiado el reo, basten para la aprehensión y enjuiciamiento de éste, si el delito se hubiese cometido en el territorio de ella.
Instruido el reclamo de este modo, la autoridad requerida no podrá abstenerse de llamar el asunto a su conocimiento, y en vista de las pruebas producidas de la acusación y de las que para su defensa adujere el acusado, se pronunciará concediendo o negando la extradición de éste.
En el primer caso, dará cuenta a la respectiva autoridad ejecutiva para que disponga lo conveniente, a fin de que se verifique la extradición del reo, y en ambos al agente de la potencia reclamante, para que por él se haga el abono de las costas causadas.
Se ha convenido también que si el delito, cuya perpetración motivase el reclamo de extradición, fuese castigado con diversas penas en cada una de las dos repúblicas, los tribunales de la reclamante deberán aplicar la menor de estas penas y no la otra: y asimismo que si el delincuente reclamado a Bolivia por la Confederación Argentina fuese boliviano, o si el reclamo a la Confederación por Bolivia fuese argentino, no será obligatorio acceder a la demanda de extradición, siempre que el reo solicitare el juzgamiento por los tribunales, y según las leyes de su patria en tal caso el juicio se pronunciará en mérito del proceso formado en el país en que se cometió el delito. Para este efecto los juzgadores y tribunales de una y otra nación se entenderán entre sí, expidiendo los despachos y cartas de ruego que se necesitaren en el curso de la causa.
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