Abriendo la norma
Ley 21.383
A los fines de las investigaciones que la Fiscalía deba practicar, el Fiscal General y los fiscales adjuntos estarán investidos de las siguientes facultades:
a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos, la colaboración necesaria que éstos estarán obligados a prestar.
Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos 'ad hoc'.
b) Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que les fije, bajo apercibimiento de ley. Al respecto, no se podrá oponer a la Fiscalía disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido, sea que se base en un interés público o privado; solamente se admitirá la negativa cuando se fundamente en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad nacional. Tampoco se podrá oponer a la Fiscalía secreto alguno invocándose razones de interés fiscal.
c) Informar al Poder Ejecutivo cuando estimare que la permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de Estado o funcionario con jerarquia equivalente pueda obstaculizar gravemente la investigación, para que determine las acciones a adoptar. Cuando se tratare de funcionarios de jerarquía inferior a los mencionados precedentemente, podrá solicitar su suspensión al ministro respectivo o autoridad de quien dependa, quedando subsistente la posibilidad de reiterar este requerimiento hasta el Poder Ejecutivo.
d) Practicar allanamientos en lugares públicos o privados cuando la necesidad de la investigación lo exigiere, así como proceder al secuestro de toda la documentación o elementos útiles a los fines de la investigación.
e) Cuando estimare que la ejecución, continuación o consecuencias de los actos o hechos sometidos a su investigación, pudieran causar un perjuicio grave e irreparable para el Estado, solicitará su suspensión al Poder Ejecutivo.
f) Interceptar correspondencia de cualquier tipo de persona o entidades públicas o privadas, cuando se considere indispensable a los fines de la investigación, así como disponer a los mismos efectos la intervención de comunicaciones telefónicas.
g) Disponer la detención e incomunicación de los presuntos responsables por medio de las autoridades respectivas, cuando en el curso de una investigación se estableciera 'prima facie' la comisión de un delito, en cuyo caso deberá, dentro del término de veinticuatro (24) horas, poner los hechos en conocimiento del juez competente y los detenidos a su disposición.
h) Ordenar y recibir declaraciones testimoniales y recibir toda manifestación verbal o escrita de los presuntos responsables de los hechos bajo investigación.
i) Requerir el auxilio de las fuerzas policiales y de seguridad y pedir la colaboración de todos los servicios de informaciones del Estado, la que estarán obligados a prestar.
j) Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de sus funciones ya sea en forma directa o por medio de las autoridades judiciales correspondientes a las que podrá requerir a tal efecto.
El ejercicio de las facultades enumeradas en los incisos c), d), e), f) y g) del presente artículo, deberán ser dispuestas por auto fundamentado.
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