Abriendo la norma
Ley 21.476
Deróganse y déjanse sin efecto todas las normas legales, reglamentarias, estatutarias y convencionales cuyo contenido sea el especificado en la siguiente enumeración: a) las que establezcan, a cargo de organismos o empresas del Estado, empresas de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, cuando les sea aplicable el régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N. 20.744 y modificado por la Ley N. 21.297, mayores beneficios que los consagrados por dicho régimen en materia de vacaciones, licencias por enfermedad y otras licencias especiales jornada de trabajo, horas extraordinarias y francos compensatorios intervención de juntas de disciplina u organismos similares integrados total o parcialmente por trabajadores o delegados de asociaciones profesionales, para la aplicación de sanciones disciplinarias o la determinación de causales y procedimientos de cesantía montos indemnizatorios o indemnizaciones por despido, falta de preaviso, fallecimiento y cese por jubilación o por cualquier otra causa b) las vigentes en organismos o empresas del Estado, empresas de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayorái accionaria, que hubieran instituido sistemas de autogestión o cogestión, sea cual fuese el nivel en que se haya previsto la intervención del personal, sus representantes o la entidad gremial y el objeto o materia a que se refiera su ejercicio, sin perjuicio de otras formas de colaboración en la dirección empresaria c) las vigentes en empresas del Estado, empresas de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, que instituyan dotaciones determinadas o mínimas de personal o categoría de personal para secciones o sectores o funciones específicas d) las que se refieran al régimen de remuneraciones u otros ingresos - cualquiera sea su índole - del personal de las reparticiones descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial o Municipal, así como de las empresas públicas o de la actividad privada, por las que se fijen tales remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices o cualquier otro método de cálculo que tome como base el salario mínimo vital, el costo de vida o retribuciones distintas o las del propio cargo o categoría, o que establezcan la traslación automática de mejores benefivios otorgados a otros sectores. La aplicación del presente inciso no podrá importar, en caso alguno, disminución de los ingresos actuales de los trabajadores ni significará la caducidad de las remuneraciones existentes e) las vigentes en organismos o empresas públicas o en la actividad privada, cuando hubiesen incorporado en estatutos, convenciones o reglamentos, normas de la Ley N. 20.744, que hayan sido derogadas o modificadas por la Ley N. 21.297 f) las vigentes en organismos o empresas públicas o en la actividad privada, que obliguen al empleador a recurrir a bolsas de trabajo o a la intervención de asociaciones profesionales de trabajadores para la designación o promoción del personal g) las que establezcan a cargo de los organismos y empresas del Estado o de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, aportes o contribuciones en favor de las asociaciones profesionales de trabajadores de cualquier grado y con cualquier destino o afectación, incluyendo los instrumentados bajo forma de incrementos salariales al personal para ser objeto de retención con aquel destino o que encubran, de cualquier forma, verdaderas contribuciones de las empresas. En el caso de tales aportes o contribuciones instrumentados bajo forma de incrementos salariales al personal para ser objeto de retención con destino a las asociaciones profesionales de trabajadores, el importe en pesos equivalente, en la fecha de vigencia de la presente Ley, al porcentaje en cuestión, será adicionado efectivamente a la remuneración de los trabajadores.
En caso de existir fondos compensadores en materia de regímenes jubilatorios que se financien total o parcialmente con los aportes y contribuciones que se dejan sin efecto, subsistirán reestructurados conforme a las siguientes normas: 1) Se mantendrán los aportes de los trabajadores actualmente existentes 2) Las empresas que tengan contribuciones directas a su cargo las continuarán efectuando, hasta un máximo equivalente al seis por ciento (6%) de las remuneraciones del personal comprendido, siempre que no se dé la situación contemplada en el punto 3) o que el aumento de las prestaciones previsionales permita el financiamiento con una contribución menor 3) Si las contribuciones de las empresas estuvieran instrumentadas bajo forma de incrementos salariales al personal para ser objeto de retención con destino a la financiación de dichos fondos, las mismas, en concepto de aportes del personal y en sustitución de las previstas en el punto 2) precedente, continuarán efectuándose hasta un máximo del seis por ciento (6%) de las remuneraciones, reteniendo las empresas de las retribuciones del personal tal porcentaje a ese efecto. Los aportes referidos podrán disminuirse en la medida que el aumento de las prestaciones previsionales permita el financiamiento con un aporte menor 4) Las prestaciones de esos fondos compensadores se adecuarán a los recursos que surgen de las normas precedentes, hasta tanto se produzca la revisión de los convenios colectivos respectivos y se disponga lo que corresponda con tales fondos compensadores. Las disposiciones del presente inciso no serán de aplicación respecto de los fondos compensadores en materia de regímenes jubilatorios aprobados por ley u organizadodos con autorización expresa del Ministerio de Bienestar Social. Respecto a las contribuciones destinadas a las obras sociales, déjanse sin efecto las establecidas en las convenciones colectivas de trabajo o convenios de empresa, a cargo de los organismos y empresas del Estado, de economía mixta o de propiedad del Estado, o en los que éste tenga mayoría accionaria. Dichos organismos y empresas sólo efectuarán las contribuciones previstas en la Ley 18 610 y sus modificatorias o en otras normas legales vigentes. En aquellos casos en que los organismos o empresas del Estado, de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, otorguen a su personal las prestaciones asistenciales y otros servicios sociales a que se refiere la Ley 18 610, el Instituto Nacional de Obras Sociales dispondrá la transferencia a favor de esos organismos y empresas de la totalidad o de una parte de los aportes y contribuciones destinados a la obra social respectiva, según corresponda por la índole y extensión de los servicios prestados. Cuando el producido de los aportes y contribuciones que se suprimen se encuentran afectados a planes de vivienda u otras obras de bien común ya iniciadas, los organismos y empresas referidas afrontarán la financiación de tales obras hasta su total terminación. Quedan facultados los Ministros de Trabajo, de Bienestar Social y de Economía, para dictar, en forma conjunta, las normas complementarias que sean necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en este inciso, como también para resolver los casos especiales que pudieran presentarse.
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