Abriendo la norma
Ley 21.778
Las personas físicas o jurídicas que efectuaren inversiones aplicables a los contratos de riesgo de la presente ley, podrán deducir, a los efectos de la determinación del monto imponible del impuesto a las ganancias, hasta el CIENTO POR CIENTO (100%) de las sumas invertidas en la suscripción de acciones de empresas contratistas.
A tales fines, deberán observarse los siguientes requisitos:
a) la inversión deberá efectuarse en empresas locales de capital nacional, conforme a la definición del artículo 2, inciso 4, de la Ley 21.382;
b) la desgravación impositiva se efectuará en el ejercicio fiscal en el que se haga efectiva cada integración;
c) las respectivas inversiones deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares por un lapso no inferior a TRES (3) años, computados a partir de la fecha de su total integración, y los títulos respectivos deberán permanecer depositados, durante dicho lapso, en entidades financieras debidamente autorizadas de acuerdo con lo que establece la Ley 21.526.
De no cumplirse con este requisito, deberán reintegrarse -en el ejercicio fiscal en que ocurra el incumplimiento- los importes oportunamente deducidos, actualizados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 21.281;
d) las empresas contratistas deberán constituir internamente una división al solo efecto de realizar las operaciones de los contratos de riesgo legislados por la presente, registrándolas contablemente por separado y presentar anualmente el balance de dicha división a la Dirección General Impositiva. El mencionado balance deberá hallarse debidamente dictaminado y certificado por profesional en ejercicio con título habilitante, registrado e inscripto en el respectivo Consejo Profesional de conformidad con la legislación Nacional vigente y del mismo deberá surgir en forma indubitable la utilización exclusiva de los fondos ingresados, en el desarrollo de trabajos directamente vinculados a la etapa de exploración.
El requisito de creación de una división con registración contable separada, no será exigible en el caso de empresas que se constituyan con el único objeto de desarrollar las operaciones de riesgo de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de presentar su balance anual a la Dirección General Impositiva en las condiciones que estipula el párrafo anterior.
La Autoridad de Aplicación calculará el costo fiscal teórico que surja de la aplicación de la franquicia que autorizan los párrafos anteriores, comunicándolo a la Secretaría de Estado de Hacienda, previo a la aprobación definitiva del mismo.
El Ministerio de Economía fijará anualmente sobre la base de las propuestas de la Autoridad de Aplicación y de la Secretaría de Estado de Hacienda, un importe o cupo total para dicho costo fiscal teórico, el que será incluido en la respectiva Ley de Presupuesto y constituirá el límite dentro del cual se podrá acordar la franquicia a que se refiere este artículo.
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