Abriendo la norma
Los organismos mencionados en el artículo 19, y toda repartición o funcionario nacional, provincial o municipal que tuvieren conocimiento de la existencia de causales que pudieren provocar la pérdida o cancelación de la nacionalidad o de la ciudadanía están obligados a comunicarlo en forma fehaciente al Ministerio de Justicia de la Nación a los fines de lo dispuesto en la presente ley.
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