Abriendo la norma
Las Partes solo otorgarán permisos a empresas constituidas de acuerdo a la legislación del país a cuya jurisdicción pertenezcan.
Las Partes acuerdan exigir que los contratos de constitución aseguren la efectiva responsabilidad de la sociedad frente a las obligaciones que emergieren del permiso otorgado.
Los contratos sociales admitidos dentro de esas condiciones como válidos por una de las partes para las empresas de su jurisdicción, serán aceptados por la otra. Cada país comunicará a los otros las modificaciones que se produzcan en los contratos sociales de las empresas de su jurisdicción.
Más de la mitad del capital social y el efectivo control de la empresa, estarán en manos de ciudadanos naturales o naturalizados del país de origen de la misma.
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