Abriendo la norma
no pueden ejercer la profesión de abogados, por incompatibilidad:
a) el presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, el procurador del Tesoro de la Nación, los diputados y senadores nacionales, el intendente municipal y los secretarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
b) los gobernadores, vicegobernadores, ministros, secretarios y subsecretarios de las provincias, el fiscal del Estado, el asesor de Gobierno, los miembros de las legislaturas provinciales y los abogados que ocupen cargos similares en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
c) los magistrados, integrantes del ministerio público, funcionarios y empleados del Poder Judicial Nacional y de las provincias;
d) los abogados que ejerzan la profesión de escribanos públicos;
c) los abogados que con motivo del cargo o función que desempeñen, no puedan ejercer la profesión por disposición de la ley o reglamento que los regulen.
En los casos previstos en este artículo los abogados deberán informar la incompatibilidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de los treinta (30) días de haber asumido el cargo o de la entrada en vigencia de la norma que les impida ejercer la profesión.
No existirá incompatibilidad cuando se trate de actuaciones en causa propia o para la defensa de los ascendientes, descendientes o cónyuge.
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