Abriendo la norma
Cuando los comandantes de buque de guerra o de buques especialmente comisionados por alguno de los Estados que han signado la Convención Internacional de 14 de marzo de 1884 o por los que posteriormente acudiesen a ella, tuvieran motivos racionales para suponer que alguno de los delitos previstos por dicha Convención han sido cometidos en alta mar por personas embarcadas en un navío de comercio, pueden exigir del capitán o patrón de dicho navío la exhibición de los documentos oficiales concernientes a la nacionalidad del buque. Se hará mención de la exhibición en los documentos exhibidos. Los mismos comandantes, además, podrán formar procesos verbales cualquiera que sea la nacionalidad del navío, para la comprobación de los hechos imputados y que pudieran constituir delitos. Los procesos verbales se verificarán en la forma y en el idioma del país a que pertenezca el oficial sumariante. Los inculpados y los testigos tendrán derecho de hacer añadir, o añadir en su propio idioma, todas las explicaciones que juzguen convenientes, firmando en seguida sus declaraciones. Estos procesos harán fe en juicio mientras no sean destruidos por la prueba contraria.
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