Abriendo la norma
Ley 22.429
La Justicia de Paz Letrada para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur será competente: 1) En materia civil y comercial: a) en los juicios en que el valor cuestionado no exceda del monto equivalente a QUINCE (15) veces el salario mensual mínimo vital móvil vigente en dicho Territorio Nacional al momento de la promoción de la demanda. La competencia se determinará por el monto de la demanda, y subsistirá en el supuesto de que, durante el transcurso del proceso, ella se amplíe con motivo del vencimiento de nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede b) en los juicios sucesorios, sin límite de monto salvo cuando se promovieren incidentes o juicios entre herederos o legatarios, o se iniciaren acciones que deban tramitar ante el mismo juzgado en virtud del fuero de atracción, que excedieren de la competencia acordada a la justicia de paz letrada por esta Ley. En tales casos, será competente para continuar entendiendo en el juicio sucesorio, sus incidentes y demás actuaciones a él vinculadas, el Juzgado Federal de Ushuaia, cualquiera sea el estado del trámite de las referidas causas c) en los juicios por mensura, deslinde, y relativos a condominio sobre muros, cercas y fosos d) en los juicios por desalojo, resolución, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas con el contrato de locación de inmuebles urbanos, como también en los que se promuevan contra todo intruso o tenedor de ellos cuya obligación de restituir sea susceptible de ser exigida, haya o no contrato e) en todo procedimiento relativo a hallazgo de bienes abandonados o perdidos. Quedan excluídos los concursos y los asuntos relativos al derecho de familia. 2) En materia laboral: a) en los conflictos individuales de derecho entre particulares por reclamos fundados en contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con fuerza de tales, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo b) en las causas entre trabajadores y empleadores relativas al contrato de trabajo que se funden en disposiciones de derecho común aplicables a éste c) en las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o partes de ellos concedidos a los trabajadores en virtud de contratos de trabajo. 3) En materia penal: a) en segunda instancia, en los recursos interpuestos contra las resoluciones de autoridades municipales y policiales relativas a faltas y contravenciones cuyo juzgamiento esté encomendado a ellas b) en las causas por faltas y contravenciones municipales y de policía cuyo juzgamiento exceda de la competencia asignada por las leyes a las autoridades municipales y policiales y en las relativas a faltas y contravenciones del Código Rural y reglamentos de pesca deportiva c) en las causas por los delitos de lesiones culposas o dolosas leves, del artículo 183 del Código Penal, de desobediencia, y por las infracciones a las Leyes 11.317, 12.713, 14.346 y 12.331, con excepción del caso previsto en el artículo 18 de esta última, y al Decreto-Ley 6.618/57 ratificado por Ley 14.467. 4) En general: a) en las demandas reconvencionales, tercerías e incidentes en los juicios de su competencia b) en las informaciones sumarias c) en las certificación de firmas de documentos para ser presentados en actuaciones judiciales o ante la administración pública.
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