Abriendo la norma
Ley 22.529
Cuando una entidad financiera realizare actos o incurriere en omisiones que a juicio fundado del Banco Central de la República Argentina, pusieren en peligro su funcionamiento; o cuando estuviere afectada su solvencia o liquidez, cuando se comprobare la realización de operaciones prohibidas o limitadas, el Banco Central de la República Argentina -si la importancia o significación de estos hechos así lo aconsejare- podrá disponer su intervención cautelar por un plazo cierto y con desplazamiento de sus órganos de administración y representación, sustituyéndolos en sus derechos, obligaciones y facultades.
Para el cumplimiento de tal resolución podrá solicitarse orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública.
Tomada posesión de la entidad el Banco Central de la República Argentina dispondrá, en un plazo de noventa (90) días corridos, la conveniencia y factibilidad de promover cualquiera de las alternativas previstas en este título previa conformidad de los titulares, o declarar, sin más trámite, la liquidación con o sin revocación de la autorización para funcionar.
La intervención cautelar podrá ser acompañada por la contratación de una auditoría externa con cargo a la entidad intervenida y según lo establecido por el artículo 56 de la Ley 21.526, sustituido por la Ley 22.051.
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