Abriendo la norma
Ley 23.029
En el caso de concursos preventivos, cuya formación haya sido solicitada hasta la fecha de vencimiento general que se fije para el acogimiento de esta ley, incluso aquellos que gozan de los beneficios de las Leyes números 22.490 y 22.681, siempre y cuando se provea favorablemente a su apertura, la Dirección General Impositiva queda facultada con respecto al período y deudas que establecen los artículos 1º y 2º, y con los beneficios del artículo 4º, a proceder del siguiente modo, con las condiciones, forma, plazos y garantías que fueran procedentes y estime necesarios.
a) Respecto de los créditos con privilegio, a conceder un plazo excepcional de gracia de hasta dos (2) años, contados desde la fecha de vencimiento general que se fije para el acogimiento de esta ley, a partir del cual el deudor deberá proceder al pago de la deuda al contado o mediante el plan de pagos establecido en el artículo anterior. Durante dicho período de gracia se aplicarán la actualización e intereses previstos en la Ley Nº 11.683. El plazo de gracia referido no regirá respecto de los beneficiarios de la Ley Nº 22.490 y no podrá exceder, en el caso de los amparados en la Ley Nº 22.681, de dos (2) años contados a partir de la fecha de sanción de esta última ley.
b) Respecto de los créditos quirografarios, a votar favorablemente el acuerdo por el que se haya propuesto una espera.
No está autorizada para aceptar quitas, remisiones o condiciones de pago que no sean en dinero efectivo de curso legal o excedan las facilidades establecidas para el resto de los acreedores quirografarios, excepto que fueran inferiores a los beneficios derivados de esta ley, en cuyo caso éstos serán de aplicación.
El fallido podrá acogerse al régimen de la presente ley, en cuyo caso la primera cuota deberá abonarse al mes siguiente de la fecha del auto firme que tenga por levantada la quiebra. A este efecto la Dirección General Impositiva podrá prestar el consentimiento respectivo en los términos del artículo 225 de la Ley número 19.551.
En los casos de quiebras en que se haya resuelto la continuidad, el síndico podrá efectuar el acogimiento y consecuentemente se procederá a la pertinente reliquidación del crédito fiscal. En los supuestos de acogimiento por deudas originadas en la explotación con posterioridad a la quiebra, será de aplicación el régimen general de la presente ley.
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