Abriendo la norma
Ley 23.502
Las decisiones sobre costas y gastos serán declaradas ejecutorias, sin que sean oídas las partes, salvo recurso posterior de la parte condenada, de conformidad con la legislación del país donde la ejecución se diligencia.
Para resolver sobre el pedido de 'exequatur' la autoridad competente deberá limitarse a examinar:
1) Si de acuerdo con la legislación del país en el que ha sido pronunciada la condena, la documentación cumple con las condiciones necesarias de autenticidad;
2) Si, según esta misma legislación, la decisión tiene fuerza de cosa juzgada;
3) Si la parte dispositiva de la sentencia está redactada en el idioma de la autoridad requerida o en el idioma convenido entre los dos Estados interesados, o si es acompañada por una traducción a uno de esos idiomas y, salvo acuerdo en contrario, ha sido certificada de conformidad por un funcionario diplomático o consular del Estado requirente, o por un traductor público del Estado requerido.
Para cumplir con las condiciones establecidas en el Párrafo 2, números 1 y 2, bastará una declaración de la autoridad competente del Estado requirente, en la que se deje constancia de que la decisión tiene fuerza de cosa juzgada, o la presentación de documentos debidamente legalizados capaces de demostrar que la decisión tiene fuerza de cosa juzgada. La competencia de la autoridad precitada deberá, salvo acuerdo en contrario, ser certificada por el más alto funcionario de la Administración de Justicia del Estado requirente. La declaración y el certificado deberán ser redactados o traducidos de acuerdo a la norma contenida en el Párrafo 2 número 3.
La autoridad competente para resolver sobre el pedido de 'exequatur' y siempre que así lo solicite la parte en ese momento fijará el monto de los gastos de la certificación, la traduccion y la legalización contemplados en el Párrafo 2, número 3. Esos gastos serán considerados como costas y gastos del proceso.
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