Abriendo la norma
Las personas jurídicas, sean de carácter público o privado, que realicen actividades del ejercicio profesional de la sociología o de sus funciones deberán contar con el asesoramiento técnico de un sociólogo, sin perjuicio de las incumbencias compartidas con otros profesionales del ámbito de las ciencias sociales, en cuyo caso será facultativa la elección del asesor técnico, entre cualquiera de ellos.
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