Abriendo la norma
No podrán ser beneficiarios:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico o contra la Administración pública, no culposo, con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena.
b) Las personas físicas y las jurídicas que al tiempo de concederles los beneficios registraren avales caídos con la Secretaría de Hacienda o incumplimiento de carácter fiscal o previsional, o cuando se encontrare firme una decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional o imponiendo a dicha persona el pago de impuestos, derechos, multas o recargos y siempre que no se hubiere hecho efectivo dicho pago.
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fueren meramente formales, respecto de anteriores regímenes de promoción o contratos de promoción industrial o de promoción de exportaciones.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o infracciones a que se refieren los incisos precedentes, paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo dispusiere la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.
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