Abriendo la norma
Si la autoridad de aplicación comprobara la incorrecta asignación de beneficios o el indebido otorgamiento de los certificados de cumplimiento a que alude el artículo 6º, por parte de alguna autoridad local en ejercicio de facultades delegadas, podrá imponer, en las condiciones que establezca el decreto reglamentario general, las sanciones que hubieran sido omitidas por parte de ésta. Sin perjuicio de ello, de corresponder la caducidad de las medidas promocionales o si se determinara la nulidad del acto de concesión, la autoridad local involucrada quedará automáticamente suspendida en sus facultades de aprobación de nuevos proyectos hasta tanto pueda acreditar el cobro, por parte de los pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito fiscal indebidamente usufructuados, así como de las actualizaciones y accesorios que pudieran corresponder.
Previo a la aplicación de las sanciones previstas en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá ponerlas en conocimiento de la jurisdicción involucrada, la que contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación para solicitar la revisión de las mismas ante el Consejo Federal de Promoción Industrial, el que deberá resolver sobre el particular. Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria de dicho consejo, a cuyo efecto el quórum se formará con las dos terceras partes de sus miembros. la decisión respectiva se adoptará por una mayoría de por los menos los dos tercios de los miembros presentes, y será definitiva en sede administrativa, siendo apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la decisión, debiendo fundarse en el mismo escrito de interposición del recurso, oportunidad en la que también deberá ofrecerse la prueba de que intente valerse.
Si dentro de los quince (15) días hábiles de interpuesto el pedido de revisión, el Consejo Federal de Promoción Industrial no lo resolviere en las condiciones requeridas en el párrafo precedente, cualquiera fuese el motivo, la autoridad de aplicación quedará habilitada para imponer las sanciones, sin perjuicio del recurso previsto en el párrafo anterior in fine, en las condiciones en él establecidas.
Cuando la caducidad de las medidas promocionales o la nulidad del acto de concesión tuviese origen en actos emanados de una autoridad nacional, el Tesoro Nacional deberá ingresar a la coparticipación tributaria los montos de Bonos de Crédito Fiscal indebidamente usufructuados, hasta tanto pueda acreditar el cobro, por parte de los pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones tributarias canceladas con dichos bonos, así como de las actualizaciones y accesorios que pudieran corresponder.
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