Abriendo la norma
Los actos administrativos dictados al amparo del régimen promocional de la disposición de facto 22.702 con posterioridad a la sanción de la presente ley, en beneficio de inversiones localizadas en la provincia de San Luis, deberán ajustarse a las siguientes restricciones:
a) En ningún caso la vigencia de los beneficios podrá exceder los doce (12) ejercicios comerciales contados a partir de la puesta en marcha.
b) Su aprobación estará sujeta a los mecanismos de publicidad y oposición establecidos en el artículo 40 de la presente ley.
c) En ningún caso podrán acordar beneficios tributarios a las empresas proveedoras de insumos.
d) En ningún caso podrán acordar en materia de IVA, tasas de liberación para las operaciones de la empresa beneficiaria que superen el ochenta por ciento (80 %) de las que en función del respectivo régimen y, en su caso, de la localización, pudieran corresponder al proyecto.
e) En todos los casos deberán prever que las máquinas afectadas al proceso productivo se adecuen a las previsiones del artículo 25 de la presente ley.
Los actos administrativos dictados al amparo de los regímenes promocionales de las disposiciones de facto 22.021 y 22.973 con posterioridad a la sanción de la presente ley deberán ajustarse a las restricciones de los incs. b) y e) del párrafo anterior. Los dictados con posterioridad al 30 de setiembre de 1988 deberán ajustarse a la totalidad de las restricciones estipuladas en el primer párrafo del presente artículo. El tratamiento restrictivo previsto en este párrafo será también de aplicación respecto de los actos administrativos dictados al amparo del régimen promocional de la disposición de facto 22.702 en beneficio de inversiones localizadas en la provincia de Catamarca.
Los actos administrativos dictados al amparo del régimen de la disposición de facto 21.608 a partir del 30 de setiembre de 1988 deberán ajustarse a la restricción del inciso b) del primer párrafo de este artículo.
La facultad de autoridad de aplicación otorgada a los poderes ejecutivos de las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan para los proyectos industriales se extiende, por la presente ley, hasta el 30 de setiembre de 1988.
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