Abriendo la norma
Ley 23.763
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1990, inclusive, la vigencia de los impuestos y disposiciones previstos en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la ley 23.562, de acuerdo con los puntos siguientes:
1. El monto total recaudado por los impuestos a que se refieren los artículos cuya vigencia se prorroga, se coparticipará de acuerdo con lo previsto en el inciso b) del artículo 2° de la ley 23.548, de la siguiente forma:
a) El SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (64%) entre las provincias adheridas en los siguientes porcentajes:
Tucumán
14%
Salta
14%
La Rioja
11%
Jujuy
6%
Catamarca
6%
San Juan
5%
Corrientes
4%
Córdoba
4%
b) El TREINTA Y SEIS POR CIENTO (36%) a la Cuenta Especial 530 - Fondo de Desarrollo Regional de jurisdicción del Ministerio del Interior de la Nación para el cumplimiento de lo establecido por el articulo 18 de la ley 23.548.
2. El Banco de la Nación Argentina transferirá automáticamente en forma diaria a cada provincia y al Ministerio del Interior el monto de recaudación que le corresponde de acuerdo a lo estipulado en el punto 1. Dicha institución no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que presta conforme a este artículo.
3. El derecho de las provincias a participar de la distribución de recursos dispuesta por el punto 1, queda supeditado al cumplimiento en tiempo y forma de los siguientes requisitos:
a) Adhesión Legislativa a la ley 23.697 de Emergencia Económica Nacional.
b) Adhesión Legislativa a la ley 23.696 de Reforma del Estado.
c) Implementación a nivel del Sector Público provincial de un plan de saneamiento fiscal y financiero durante el transcurso de la presente norma, previamente aprobado por la Secretaría de Hacienda de la Nación.
d) Que el nivel de las remuneraciones de los funcionarios y agentes públicos provinciales y municipales no resulte superior a las de los funcionarios y agentes nacionales en sus escalafones y categorías equivalentes. Si al comienzo de la vigencia de la presente norma existieran niveles salariales por encima de los nacionales, las jurisdicciones involucradas deberán propiciar su equiparación con éstos en el menor tiempo posible, que no podrá extenderse mas allá del 31 de diciembre de 1990.
e) Que la cantidad de agentes públicos provinciales y municipales, cualquiera sea su situación de revista (planta permanente, contratados, jornalizados etcétera) ocupados durante 1990 no supere su número al 31 de diciembre de 1988. Si al comienzo de la vigencia de este artículo, el número fuera superior al registrado a esa fecha, las jurisdicciones involucradas, deberán prever mecanismos tendientes a la regularización de su situación en un plazo que no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 1990.
4. La Secretaría de Hacienda de la Nación estará facultada a retener los montos correspondientes a aquellas provincias que no cumplan con los requisitos previstos en el punto anterior hasta tanto lo cumplimenten.
5. Desde el momento en que se inicie la remisión de los fondos, las provincias beneficiadas quedan obligadas a sumunistrar a la Secretaría de Hacienda de la Nación la información que ésta requiera en los tiempos y forma que disponga. En caso de no cumplimiento será de aplicación lo dispuesto en el punto 4.
6. A partir del mes de abril de 1990 la Secretaría de Hacienda de la Nación efectuará informes trimestrales al Ministro de Economía de la Nación, al Ministro del Interior y a todos los Gobiernos Provinciales, analizando el comportamiento de las finanzas públicas provinciales de las jurisdicciones involucradas en los aspectos referidos. Si como resultado de los mismos surgiera el no cumplimiento por parte de algunas provincias de los requisitos fijados por el punto 3, la participación correspondiente a la provincia afectada se destinará a la Cuenta Especial 530 - Fondo de Desarrollo Regional con idéntico fin que el dispuesto por el punto 1 inciso b).
7. Los tributos cuya vigencia se prorroga por el presente artículo se regirán por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección General Impositiva, quien queda facultada para dictar las normas complementarias que considere necesarias en especial de percepción y retención, anticipos y demás condiciones que deberán ser observadas a los efectos de la determinación de los tributos y estarán sujetos a la competencia de la Comisión Federal de Impuestos creada por la Ley 20.221 y ratificada por ley 23.548.
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