Abriendo la norma
Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante
(1) Toda controversia relativa a las inversiones en el sentido del presente Convenio que surja entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada amistosamente entre las partes en la controversia. A este fin, se celebrarán consultas entre las partes interesadas.
(2) Si estas consultas no aportan una solución, la controversia podrá ser sometida a las jurisdicciones competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio está situada la inversión.
(3) Si en un plazo de dieciocho meses contados a partir de la notificación del comienzo del procedimiento ante los tribunales competentes, éstos no han emitido decisión definitiva, la controversia podrá ser sometida, a pedido del inversor, a uno de los procedimientos de arbitraje previstos en el apartado (5) del presente artículo.
(4) A partir del comienzo de uno de los procedimientos de arbitraje, cada parte en la controversia adoptará todas las medidas necesarias para el desistimiento de la instancia judicial en curso.
(5) En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser sometida, a pedido del inversor, a uno de los órganos de arbitraje designados a continuación:
— al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C. I. A. D. I.), creado por el 'Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados', abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965, cuando las dos Partes Contratantes sean partes en éste.
— a un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C. N. U. D. M. I.).
(6) Ninguna de las Partes Contratantes parte en una controversia podrá oponer, en etapa alguna del procedimiento de arbitraje, que el inversor recibió una indemnización destinada a cubrir todo o parte del perjuicio sufrido, en virtud de una póliza de seguro o de la garantía prevista en el artículo 8 del presente Convenio.
(7) El órgano arbitral decidirá sobre la base de las disposiciones del presente Convenio y de otros convenios aplicables entre las Partes Contratantes, de los términos de acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, del derecho de la Parte Contratante parte en la controversia -incluyendo las normas relativas a conflictos de leyes-, como así también de los principios y disposiciones de derecho internacional en la materia.
(8) Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia.
Artículo 10
Controversias entre las Partes Contratantes
(1) Las controversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Convenio serán dirimidas por la vía diplomática.
(2) Si las dos Partes Contratantes no llegan a una solución dentro de doce meses contados a partir del comienzo de la controversia, esta última será sometida, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro. Los dos árbitros así designados nombrarán un presidente que deberá ser un nacional de un tercer Estado.
(3) Si una de las Partes Contratantes no ha designado su árbitro y no ha respondido a la invitación de la otra Parte Contratante de efectuar esta designación dentro de los dos meses, el árbitro será nombrado, a petición de esta última Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
(4) Si los dos árbitros no pueden ponerse de acuerdo sobre la elección del presidente dentro de los dos meses de su designación, este último será nombrado, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
(5) Si en los casos previstos en los apartados (3) y (4) del presente artículo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia se halla imposibilitado de ejercer su mandato o es nacional de una de las Partes Contratantes, las designaciones serán realizadas por el Vicepresidente y, si este último está imposibilitado o es nacional de una de las Partes Contratantes, dichas designaciones serán efectuadas por el miembro más antiguo de la Corte que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
(6) A menos que las Partes Contratantes decidan otra cosa, el tribunal fijará sus propias normas de procedimiento.
(7) Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.
Artículo 11
Observancia de obligaciones
Cada Parte Contratante observará en todo momento las obligaciones que haya asumido respecto de las inversiones efectuadas por inversores de la otra Parte Contratante.
Artículo 12
Vigencia, renovación y denuncia
El presente Convenio entrará en vigor el día en que los dos Gobiernos se hayan notificado el cumplimiento de sus respectivas formalidades constitucionales para la celebración y puesta en vigor de los tratados; permanecerá vigente por un período de diez años. Salvo denuncia hecha por escrito seis meses antes de la expiración de dicho período, el presente Convenio será renovado en las mismas condiciones por períodos sucesivos de dos años.
En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los artículos 1 a 11 del presente Convenio continuarán aplicándose a las inversiones efectuadas antes de dicha denuncia, por un período de diez años.
Hecho en Berna, el 12 de abril de 1991, en cuatro originales, de los cuales dos en francés y dos en español, siendo todos ellos igualmente válidos.
Protocolo
En el acto de la firma del Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza sobre promoción y protección recíprocas de inversiones, los plenipotenciarios abajo firmantes han convenido además las disposiciones siguientes, las que constituyen parte integrante del presente Convenio.
Ad. Artículo 1, apartado (1), inciso (a)
(1) El presente Convenio no se aplicará a las inversiones de personas físicas que sean nacionales de las dos Partes Contratantes, salvo si estas personas estaban, al momento de la inversión, y continúan estando, domiciliadas fuera del territorio de la Parte Contratante en el cual se efectuó la inversión.
(2) Respecto de las disposiciones previstas en los artículos 4 y 9 las personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante y que tengan su domicilio en el territorio de la Parte Contratante donde está situada la inversión, solamente podrán prevalerse del tratamiento otorgado por esta Parte Contratante a sus propios nacionales.
Ad. Artículo 1, apartado (1), inciso (c)
(1) El presente Convenio se aplicará a las inversiones de entidades jurídicas efectivamente controladas por nacionales de una Parte Contratante solamente cuando estos nacionales tengan su domicilio fuera del territorio de la Parte Contratante en el cual la inversión se realizó.
(2) Se podrá solicitar a las entidades jurídicas mencionadas en el artículo 1, apartado (1), inciso (c) que quieran prevalerse del presente Convenio que aporten la prueba de dicho control. Se aceptará como prueba, entre otros, los siguientes hechos:
1. El carácter de filial de una entidad jurídica constituida según la legislación de esa Parte Contratante.
2. Un porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de una entidad jurídica que permita un control efectivo tal como, en particular, una participación en el capital superior a la mitad.
3. La posesión directa o indirecta de la cantidad de votos que permita tener una posición determinante en los órganos societarios o de influir de manera decisiva en el funcionamiento de la entidad jurídica.
Ad. Artículo 1, apartado (2)
Los derechos correspondientes a las categorías de activos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado (2), serán definidos de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante sobre cuyo territorio se efectuó la inversión.
Ad. Artículo 3, apartado (2)
(1) En lo que concierne a la República Argentina, un inversor suizo no podrá prevalerse de un tratamiento particular de naturaleza financiera, inclusive fiscal, otorgado por la República Argentina en virtud de acuerdos celebrados en el marco de la cooperación para el desarrollo que comporten financiamiento concesional.
(2) En lo que concierne a las empresas conjuntas, éstas gozarán en carácter de entidades del tratamiento previsto en el artículo 3.
Hecho en Berna, el 12 de abril de 1991, en cuatro originales, de los cuales dos en francés y dos en español, siendo todos ellos igualmente válidos.
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