Abriendo la norma
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, en lo que hace a la instalación y funcionamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, sus fiscalías y defensorías (anexo I); quince (15) tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, sus fiscalías y defensorías (anexo IV); dos (2) tribunales orales de menores; una (1) asesoría de menores (anexo VI); dos (2) tribunales orales en lo penal económico, sus fiscalías y defensorías (anexo VII); dos tribunales orales federales de la Capital Federal (anexo II); y un tribunal oral por cada distrito judicial del interior del país con sus fiscalías y defensorías (anexo III); tres (3) jueces nacionales de ejecución penal con su fiscalía y defensoría (anexo VIII); dos (2) cargos de procurador fiscal con sus secretarías en la procuración general (anexo VIII); cincuenta y dos (52) cargos de secretario de primera instancia para la Policía Judicial y un (1) administrador judicial (anexo X), todos con sus respectivas dotaciones, se financiarán con los recursos establecidos en los artículos 2º y 3º de la ley 23.853, imputándose a los créditos presupuestarios del ejercicio 1992. (Denominación 'Cámara Nacional de Casación Penal' sustituida por la denominación 'Cámara Federal de Casación Penal', por art. 13 de la Ley N° 26.371 B.O. 30/5/2008. Vigencia: Ver art. 14, implementación de la norma de referencia)
Respecto de la instalación y funcionamiento de los demás órganos que prevé la presente ley, quedarán imputados al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 1993, debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptar los recaudos necesarios para ello.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, fijará el plan de entrada en funcionamiento, atendiendo a las necesidades del servicio de justicia.
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