Abriendo la norma
Ley 24.307
Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a reglamentar procedimientos de liquidación y contralor de la deuda consolidada en los términos de la ley 23.982 y su reglamentación y de la deuda a que se refiere el decreto 211, del 24 de enero de 1992, a fin de posibilitar su cancelación en tiempo oportuno, en los casos en que los entes, organismos y sociedades del Estado comprendidos por el artículo 2º de la citada ley, deban cancelar obligaciones alcanzadas por las normas mencionadas y carezcan de documentación respaldatoria indispensable para la confección de las liquidaciones pertinentes. Las disposiciones del presente artículo serán de aplicación también respecto de los pasivos escindidos y/o desafectados de empresas, entes y organismos del Estado nacional como consecuencia del proceso de reforma del Estado, en el caso que se verifique el supuesto de carencia de documentación premencionado.
En los procedimientos a establecerse se deberá prever lo siguiente:
a) Que el reclamo del acreedor sea fundado y certificado por contador público nacional y que el ente deudor reconozca la existencia de la obligación;
b) Que el ente deudor explicite las razones que imposibilitan el cumplimiento de los procedimientos vigentes en la materia;
La reglamentación podrá prever la designación de auditores independientes para determinar el monto de la obligación, debiendo prestar, en este caso, la conformidad a la determinación efectuada, tanto el deudor como el acreedor.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer que, mediante el dictamen fundado del auditor independiente contratado, se dé por cumplida la intervención a que se refiere el artículo 5º de la ley 23.982.
La facultad conferida por el presente artículo tendrá vigencia hasta la finalización del ejercicio financiero de 1994.
(Punto c) vetado por art. 2º del Decreto Nº 2660/93 B.O. 30/12/93)
(Punto c) vetado por art. 2º del Decreto Nº 2660/93 B.O. 30/12/93)
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