Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras expropiadas, a la autoridad de aplicación creada por la Ley 23.302, quien adjudicará las mismas en propiedad a las comunidades aborígenes actualmente radicadas dentro de los límites de la finca conocida como 'Santiago', departamento de Iruya, provincia de Salta en los términos de los artículos 3° y 12 de la citada ley.
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