Abriendo la norma
Ley 26.165
La condición de refugiado cesará en los siguientes supuestos:
a) cuando la persona refugiada, mediante actos inequívocos, se haya acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad;
b) cuando la persona refugiada, habiendo perdido su nacionalidad, la haya recobrado voluntariamente;
c) cuando la persona refugiada haya adquirido una nueva nacionalidad y disfrute de la protección del país de su nueva nacionalidad;
d) cuando la persona refugiada se haya establecido voluntariamente en el país de residencia habitual que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguida;
e) cuando la persona refugiada haya abandonado el territorio argentino y fijado su residencia en otro país, acogiéndose a su protección;
f) cuando la persona refugiada no pueda continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad, debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, siempre que dicho cambio de circunstancias sea significativo y no de carácter temporal; o
g) cuando la persona refugiada, careciendo de nacionalidad, pueda regresar al país de su anterior residencia habitual debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada o apátrida.
No cesará la condición de refugiado para las personas incluidas en los supuestos f) y g) del presente artículo si pueden invocar razones imperiosas derivadas de la grave persecución que originalmente motivó su salida del país de nacionalidad o residencia habitual, o si, a pesar del cambio de circunstancias, mantienen un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
La cesación del estatuto de refugiado se extenderá a aquellas personas que lo hubiesen obtenido como consecuencia del derecho de reunificación familiar. No obstante, estas personas, en caso de corresponder, podrán acogerse a la regularización migratoria conforme lo dispuesto por la Ley de Migraciones Nº 25.871 y su reglamentación.
El Registro Nacional de las Personas y los juzgados federales intervinientes, deberán comunicar a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE sobre las cartas de ciudadanía otorgadas y su cesación en un plazo no mayor a TREINTA (30) días; ello con el fin de actualizar los registros pertinentes y, en su caso, realizar el informe para evaluación por parte de la Comisión.
(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 942/2024 B.O. 22/10/2024. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL)
(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 942/2024 B.O. 22/10/2024. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL)
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