Abriendo la norma
Ley 26.827
De la protección de testigos
El Poder Ejecutivo nacional, en articulación con las autoridades provinciales, deberá establecer un programa destinado a otorgar protección a aquellas personas privadas de la libertad que se encuentren expuestas a intimidaciones y/o represalias como consecuencia de las denuncias o informaciones que hubiesen proporcionado a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o a cualquier otro organismo estatal.
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