Abriendo la norma
Ley 273
En vista de los documentos, los respectivos magistrados de los dos Gobiernos tendrán poder, autoridad y jurisdicción, para en virtud de la requisición que al efecto se les haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada, a fin de que les haga comparecer ante ellos y de que en su presencia y oyendo sus descargos se tomen en consideración las pruebas de criminalidad, y si de esta audiencia resultase que dichas pruebas son suficientes para sostener la acusación, el magistrado que hubiese hecho este examen será obligado a manifestarlo así a la correspondiente autoridad ejecutiva para que se libre la orden formal de entrega.
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