Abriendo la norma
Ley 3.250
Los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules y agentes consulares podrán hacer arrestar y remitir, sea a bordo o a su país, a los marineros o a cualquier otra persona que forme parte de la tripulación de los buques mercantes o de guerra de sus naciones, que hubieran desertado en el territorio del otro Estado.
Para esto deberán dirigirse por escrito a la autoridad local competente y justificar mediante la exhibición de los registros del buque o del rol de la tripulación, o bien si el buque hubiese ya partido, mediante copia auténtica, o extracto de estos documentos, que las personas reclamadas formaban realmente parte de la tripulación. A la presentación de los pedidos así justificados, no se podrá negar la entrega de los desertores. Se prestará además a dichos agentes consulares, todo género de asistencia y cooperación para la pesquisa y arresto de estos desertores, que serán conducidos y vigilados en las cárceles del país a pedido y a costa del cónsul o vice-cónsul, hasta que se haga la repatriación. En todo caso el arresto no podrá durar más de tres meses, transcurridos éstos y mediante un aviso dado con tres días de anticipación al agente consular, el detenido será puesto en libertad y no podrá volver a ser arrestado por la misma causa. En el caso que el desertor hubiese cometido algún delito en tierra, la autoridad local demorará la entrega hasta que el tribunal pronuncie la sentencia, y ésta tenga pleno y completo cumplimiento.
Las disposiciones del presente artículo no se aplican a los individuos que sean ciudadanos del país en que tiene lugar la deserción.
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