Abriendo la norma
Ley 3.250
En el caso de naufragio o choque de algún buque perteneciente al Gobierno o a los ciudadanos de una de las Altas Partes Contratantes en las costas de la otra, las autoridades deberán informar al cónsul general, cónsul, vice-cónsul o agente consular del distrito, o en su defecto al cónsul general, cónsul, vice-cónsul o agente consular más próximo al lugar del siniestro.
Todas las operaciones relativas al salvamento de los buques de uno de los dos Estados que hubiese naufragado o embestido en las aguas territoriales del otro Estado, serán dirigidas por los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules o agentes consulares respectivos, de conformidad con las Leyes y reglamentos del país.
La intervención de las autoridades locales tendrá lugar en los dos países únicamente para asistir a los agentes consulares, mantener el orden y garantizar los intereses de las personas extrañas a la tripulación que hayan cooperado al salvamento y asegurar la ejecución de las disposiciones que deben observarse respecto a la entrada y salida de las mercaderías salvadas. En ausencia y hasta la llegada de los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules y agentes consulares, o bien de las personas comisionadas por ellos con tal objeto, las autoridades locales deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los individuos y la conservación de los objetos que se hubieran salvado del naufragio. La intervención de las autoridades locales en todos los casos, no dará lugar a la percepción de derechos, salvo aquellos a que estuviesen sujetos los buques nacionales en semejantes casos y salvo el reembolso de los gastos ocasionados por las operaciones de salvamento y por la conservación de los objetos salvados. En caso de duda respecto a la nacionalidad de los buques naufragados, las medidas mencionadas en el presente artículo serán de exclusiva competencia de las autoridades locales. Las altas partes contratantes convienen, además, en que las mercaderías y efectos salvados no están sujetos al pago de derechos de aduana, a menos que sean admitidos para el consumo interno.
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