Abriendo la norma
Ley 3.950
Si en la prosecución de una causa criminal no política se considerasen necesarias las declaraciones de testigos domiciliados en el territorio del otro Estado, se librará a este objeto, por la vía diplomática, una carta rogatoria, a que se dará cumplimiento en conformidad a las leyes del país en que los testigos deberán ser interrogados. Toda carta rogatoria que tuviese por fin solicitar una declaración de testigos deberá ser acompañada de una traducción en la lengua del país requerido. Los dos gobiernos renuncian a todo reclamo de reembolso de gastos hechos en la ejecución de dichas diligencias, a menos que se trate de un examen de peritos en materias criminales, comerciales, médicas y otras.
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