Abriendo la norma
Ley 3.950
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES
ANEXO A: Tratado de extradición suscripto el 14/3/1888 entre la República Argentina y el Reino de Portugal-
ARTICULO 1. - El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarbes se obligan, con excepción de sus propios súbditos o ciudadanos de nacimiento o naturalización obtenida antes de la perpetración del crimen por el que se pide la extradición, a hacerse entrega recíproca de todos los individuos de la República Argentina refugiados en Portugal, sus islas adyacentes y posesiones de ultramar en la República Argentina, que hubiesen sido culpables, acusados o condenados por algunos de los crímenes o delitos enumerados a continuación, cometidos fuera del territorio de la parte a quien se pide la extradición. La extradición tendrá lugar por los siguientes hechos: 1) Asesinato, homicidio voluntario, parricidio, infanticidio, envenenamiento. 2) Aborto voluntario. 3) Lesiones corporales, golpes y heridas voluntarias cometidas con premeditación y de gravedad reconocida, o que hayan ocasionado una enfermedad o incapacidad de trabajar, dando lugar a una pena no menor de un año de prisión. 4) Rapto, estupro, violación o cualquier otro atentado al pudor cometido con violencia. 5) Atentado contra las buenas costumbres, excitando, favoreciendo o facilitando habitualmente la prostitución o corrupción de la juventud de uno y otro sexo menor de veintiun años. 6) Bigamia y poligamia. 7) Rapto, ocultación, supresión y sustitución de niños, parto supuesto, exposición y abandono de un niño en lugar desierto, con peligro de la vida. 8) Rapto de menores y secuestro de personas. 9) Falsificación o cercenamiento de moneda o participación voluntaria en la emisión de moneda fraudulenta imitada, falsificada o cercenada. 10) Falsificación de sellos del Estado, de notas de banco, de títulos de la deuda pública e instrumentos de crédito público, de sus cuños, diplomas y documentos oficiales, de papel moneda, estampillas de correo y uso de sellos, notas de banco, títulos y cuños falsificados. 11) Falsificación y uso de la falsificación de escritura pública o particular de comercio o de bancos. 12) Testimonio falso, declaraciones falsas de peritos o intérpretes, soborno de testigos, peritos e intérpretes. 13) Corrupción de funcionarios públicos, concusión, substracción o desfalco de fondos o títulos públicos o particulares cometidos por recaudadores o depositarios públicos o particulares a quienes fueren confiados. Estelionato. 14) Incendio voluntario. 15) Destrucción o demolición voluntaria, por cualquier medio que sea en todo o en parte, de edificios públicos o particulares, de puentes, diques o calzadas. Daño causado voluntariamente a los aparatos telegráficos, vías férreas, trenes y buques, siempre que hubiere peligro de vida. 16) Asociación de malhechores, pillaje, daño de géneros y mercaderías, bienes raíces, propiedades, muebles, cometido por bandas o grupos o viva fuerza. 17) Baratería y piratería en los casos que son punidos con pena corporal por la legislación de ambos países. Asesinato, ataque con intención de matar y homicidio cometido en alta mar a bordo de un buque investido del pabellón del país requirente. Insurrección del equipaje o pasajeros, cuando sus autores se apoderen del buque por fraude o violencia, o lo entreguen a piratas. 18) Robo. 19) Extorsión cometida por medio de violencia. 20) Fraude, estafa. 21) Quiebra fraudulenta. 22) Ocultación de los instrumentos del delito, de los objetos detentados por medio de cualquiera de los crímenes o delitos arriba mencionados. Quedan comprendidos en las precedentes calificaciones la tentativa y complicidad, cuando son punibles con pena corporal por la legislación de ambos países contratantes.
ARTICULO 2. - Las disposiciones de la presente Convención no son aplicables a las personas culpadas de algún crimen o delito político. La persona extradicionada en razón de uno de los crímenes o delitos comunes mencionados en el artículo 1, no puede, por consiguiente, en caso alguno ser perseguida o punida en el Estado a quien fué concedida la extradición, por causa de un crimen o delito político cometido por dicho individuo antes de aquélla, ni en virtud de un hecho conexo con ese crimen o delito político, ni por cualquier otro crimen o delito anterior que no sea el mismo que motivó la extradición, salvo el caso de que el culpado se hubiese quedado en el lugar de su condena tres meses después de haber cumplido su pena, o que después hubiese regresado al país en que tuvo lugar el crimen.
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