Abriendo la norma
Ley 458
La obligación de la extradición no se extiende en caso alguno a los nacionales de los dos países y a los individuos que en ellos se hubieren naturalizado, conforme sus respectivas legislaciones antes de la perpetración del crimen. Sin embargo, las Altas Partes Contratantes se obligan a hacer procesar y juzgar, según sus legislaciones, sus respectivos nacionales que cometan infracciones contra las Leyes de uno de los dos Estados, luego que el gobierno del Estado cuyas Leyes sean infringidas presente el competente pedido por vía diplomática o consular y en caso de que aquellas infracciones puedan ser calificadas en alguna de las categorías apuntadas en el artículo segundo.
El pedido será acompañado del cuerpo del delito, de todos los objetos que le instruyen, de cualesquiera documentos y de los informes necesarios, debiendo las autoridades del país reclamante proceder como si ellas propias hubiesen de formar la culpa.
En tal caso los actos y documentos serán hechos gratuitamente. Pero no será juzgado por los Tribunales de su Nación, ninguno de los nacionales de las Altas Partes Contratantes, si ya hubiese sido procesado y juzgado por el mismo delito en el territorio en que el hecho tuvo lugar, aunque la sentencia hubiese sido de absolución.
Ambos Gobiernos se comprometen a solicitar con la brevedad posible de los poderes competentes de sus respectivos países, las medidas legislativas necesarias al cumplimiento de la segunda parte de este artículo.
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