Abriendo la norma
Ley 55
para la mayor seguridad del comercio entre los ciudadanos de las dos partes contratantes, se estipula que en cualquier caso, en que por desgracia, aconteciere alguna interrupción de las amigables relaciones de comercio, o un rompimiento entre las dos naciones contratantes, los ciudadanos de cada una residentes en el territorio de la otra, tendrán el privilegio de permanecer y continuar su tráfico sin interrupción alguna, en tanto que se conduzcan pacíficamente y no quebranten las leyes del país de su residencia en manera alguna y sus efectos y propiedades ya fuesen confiadas a particulares o el Estado, no estarán sujetas a embargo, ni secuestro, ni a ninguna otra exención que aquellas que puedan hacerse a igual clase de efecto o propiedades pertenecientes a los naturales del Estado en que dichos ciudadanos residiesen.
En el mismo caso, las deudas entre particulares, los fondos públicos y las acciones de compaÑía no serán nunca confiscadas, secuestradas o detenidas.
Ambas partes contratantes, en el deseo de dar amplia protección al comercio y garantía a la propiedad de los ciudadanos respectivos, adoptan entre sí el principio de la abolición del corso y declaran que los contraventores serán tratados como piratas.
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