Abriendo la norma
Ley 55
En el caso de fallecer un ciudadano de la nación del cónsul, sin albacea ni heredero en el territorio de la República, le corresponderá la representación en todas las diligencias para la seguridad de los bienes, conforme a las leyes de la República en que resida. Podrá cruzar con sus sellos los puestos para la autoridad local y deberá ocurrir en el día y hora que aquélla indique cuando fuesen del caso quitarlos. La falta de asistencia de cónsul al día y hora fijados, con una espera prudente, no podrá suspender los procedimientos legales de la autoridad local.
En caso de morir intestado algún compatriota suyo, podrá el cónsul intervenir en la formación de los inventarios, en los avalúos, nombramiento de depositario y otros actos semejantes que tiendan a la conservación, administración y liquidación de los bienes. El cónsul será de derecho representante de todo compatriota suyo que pueda tener interés en una sucesión, y que hallándose ausente del lugar donde ésta se abre no haya constituido mandatario. Como tal representante, ejercerá todos los derechos del mismo heredero, menos el de recibir dineros y efectos de la sucesión, para lo cual será siempre necesario mandato especial. Dichos dineros y efectos, mientras no hubiese este mandato deberán depositarse en una arca pública o en manos de una persona a satisfacción de la autoridad local y del cónsul. El Juzgado, a petición del cónsul, podrá ordenar la venta de los bienes muebles hereditarios que estuviesen expuestos a deterioro, y el depósito de su valor en una arca pública pero no podrá adoptarse igual disposición respecto a los otros bienes sino después de transcurridos cuatro años contados desde el fallecimiento, sin haberse presentado heredero.
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