Abriendo la norma
Ley 55
Igualmente han convenido que siendo requeridos entre sí, respectivamente, o por medio de sus ministros o de sus oficiales públicos debidamente autorizados al efecto, deberán entregar a las justicias las personas acusadas de los crímenes de homicidio alevoso, de incendio voluntario, fabricación, introducción o expendio de monedas falsas, o de sellos públicos, de substracción de valores cometida por empleados o depositarios públicos o efectuada por cajeros de establecimientos públicos o de casas de comercio, cuando las leyes señalen a este crimen pena aflictiva o infamante, y los acusados de bancarrota fraudulenta.
Además, se estipulan expresamente que la extradición no tendrá lugar sino exhibiéndose por parte de la potencia reclamante documentos tales que según las leyes de la Nación en que se hace el reclamo, bastasen para prender y enjuiciar al reo, si el delito se hubiese cometido en ella. Recibidos estos documentos, los respectivos magistrados de los dos Gobiernos tendrán poder, autoridad y jurisdicción para, en virtud de la requisición que al efecto se les haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada, a fin de que se la haga comparecer ante ellos y de que en su presencia y oyendo sus descargos, se tomen en consideración las pruebas de criminalidad y si de esta audiencia resultase que dichas pruebas son suficientes para sostener la acusación, el Magistrado que hubiese hecho este examen será obligado a notificarlo así a la correspondiente autoridad ejecutiva, para que se libre la orden formal de entrega. Las cartas de la aprehensión y entrega serán sufridas y pagadas por la parte que hiciere la reclamación y recibiese al fugitivo.
Cuando el delito porque se persigue a un reo en Chile, tenga pena menor en la Confederación Argentina, y viceversa cuando el delito de un reo en la Confederación Argentina tenga pena menor según las leyes chilenas, será condición precisa que los Juzgados y Tribunales de la Nación reclamante señalen y apliquen la pena inferior. Si el reo reclamado por Chile fuese argentino, o si el reo reclamado por la Confederación Argentina fuese chileno, si el uno o el otro solicitase que no se entregue, protestando someterse a los tribunales de su patria, la república a quien se hiciese el reclamo no será obligada a la extradición del reo, y será éste juzgado y sentenciado por los Juzgados y Tribunales de dicha República según el mérito del proceso seguido en el país donde se hubiese cometido el delito para cuyos efectos se entenderán entre sí los Juzgados y Tribunales de una y otra Nación expidiendo los despachos y cartas de ruego que se necesitasen en el curso de la causa.
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