Abriendo la norma
Si los medios pacíficos no restableciesen la buena inteligencia de ambos Gobiernos y llegasen al Estado de guerra, se otorgará el plazo de seis meses á los comerciantes que residiesen en las costas y puertos de cada una de ellas, y el de un año á los que habitasen en el interior, para arreglar sus negocios, disponer de sus bienes y transportarlos para donde quisieren. A más les será otorgado salvo-conducto para que se embarquen en el puerto que designasen, en tanto que ese puerto no esté ocupado ó sitiado por el enemigo y que la seguridad del Estado no se oponga á que se dirijan para aquel puerto.
En este último caso, serán dirigidos á otro punto que elijan y que no esté sujeto á esos inconvenientes.
Los ciudadanos que tuviesen establecimiento fijo y permanente para el ejercicio de cualquier profesión é industria, podrán conservar sus establecimientos y continuar en el ejercicio de sus profesiones ó industrias, sin que puedan ser molestados.
Gozarán también de su libertad personal y propiedades, con tal que se conduzcan pacíficamente.
Las propiedades ó bienes (cualesquiera que sea su naturaleza), de los ciudadanos de ambas Repúblicas, no estarán sujetos, en caso de guerra entre ellos, á embargos ó secuestros, ni á carga ó imposiciones que no graviten sobre las propiedades ó bienes de los nacionales.
Además, no podrán ser secuestradas ni confiscadas á los ciudadanos respectivos las cantidades que les fuesen debidas por particulares, ni tampoco los títulos de crédito público, ni las acciones de Banco ó sociedades que les pertenezcan.
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