Abriendo la norma
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á tres de octubre de mil ochocientos setenta y siete.
MARIANO ACOSTA. - Carlos M. Saravia , Secretario del Senado. - FELIX FRIAS - J. Alejo Ledesma, Secretario de la Cámara de Diputados.
Por Tanto:
Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.- AVELLANEDA.- R. de Elizalde
TRATADO DE ESTRADICION ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA DEL PARAGUAY
Habiendo el Exmo. Sr Presidente de la República Argentina y el Exmo. Sr Presidente de la de Paraguay, juzgado conveniente establecer en un tratado el Derecho Público de ambos países, respecto á la estradicion de individuos que, acusados ó condenados como criminales en uno de los dos Estados, se refujiasen en el otro, han nombrado por sus respectivos Plenipotenciarios, á saber:
El Exmo Sr Presidente de la República Argentina, á S.S. el Sr encargado de negocios de la misma República en la del Paraguay, Dr. D. Manuel Derqui;
El Exmo Sr Presidente de la República del Paraguay, á S.E. el Sr Ministro de Relaciones Exteriores de la misma República, Dr. D. Benjamin Acevál;
Quienes, despúes de haberse cangeado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Art. 1° El Gobierno Argentino y el Gobierno Paraguayo se obligan por el presente Tratado á la recíproca entrega de todos los individuos refugiados de la República Argentina en la República del Paraguay y de ésta en la Argentina, encausados ó condenados por los respectivos Tribunales de la Nación donde deben ser juzgados como autores o cómplices de cualquiera de los delitos expresados en el artículo 4, cometido en territorio de uno de los dos Estados contratantes.
Art. 2° La obligación de la estradición, no es extensiva en ningún caso en que se trate de infracciones contra las leyes de uno de los dos Estados, cometidas por ciudadanos nativos del otro, ó que se hubiesen naturalizado en él, con sujeción a su respectiva legislación, antes de la perpetración del crimen.
En este caso y cuando esas infracciones puedan ser calificadas en alguna de las categorías expresadas en el artículo 4°, las Altas Partes Contratantes se obligan á hacer procesar y juzgar a los ciudadanos de sus respectivos Estados con arreglo á la legislación, siempre que el Gobierno del Estado en que se hubiere cometido la infraccion, presente por la vía diplomática ó consular el competente pedido, acompañado gratuitamente del cuerpo del delito, de todos los objetos que le instruyan, así como los documentos ó informes necesarios; debiendo proceder en esto las autoridades del país reclamante, como si ellas hubieran de instruir el proceso en su caso.
El que hubiere sido ya juzgado por un delito en el territorio en que el hecho tuvo lugar, no podrá serlo por el mismo delito por los Tribunales de su nacion, aunque hubiese sido absuelta.
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