Abriendo la norma
Ley 22.520
Compete al MINISTERIO DE JUSTICIA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en las relaciones con el PODER JUDICIAL, con el MINISTERIO PÚBLICO, con el Defensor del Pueblo y con el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en la actualización de la legislación nacional, y a requerimiento del Presidente de la Nación en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades del Estado referidas a dicho asesoramiento, sin perjuicio de la competencia propia e independencia técnica de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
3. Entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
4. Intervenir en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y sus leyes complementarias.
5. Entender en las relaciones con el MINISTERIO PÚBLICO, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y leyes complementarias.
6. Entender en las relaciones con el Defensor del Pueblo.
7. Entender en las relaciones con el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
8. Entender en los asesoramientos jurídicos que le sean requeridos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los Ministros, Secretarios y demás funcionarios competentes a través de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
9. Entender en la organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del ESTADO NACIONAL en juicio a través de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
10. Intervenir en cualquier estado procesal en los litigios en que los intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse comprometidos, sin asumir la calidad de parte en el juicio, en apoyo y sin perjuicio de la intervención necesaria del Cuerpo de Abogados del Estado.
11. Intervenir en la reforma y actualización de la legislación general y entender en la adecuación de los códigos.
12. Intervenir, en coordinación con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, en la determinación de la política criminal, así como en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito. (Inciso sustituido por art. 5º del Decreto Nº 58/2025 B.O. 4/2/2025. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
13. Entender en los casos de indulto y conmutación de penas.
14. Entender en la conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su fiscalización.
15. Entender en la organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de las personas.
16. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva en el territorio de la Nación.
17. Entender en la formalización de los actos notariales en que sea parte directa o indirectamente el ESTADO NACIONAL.
18. Entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas y en la representación del ESTADO NACIONAL ante los organismos internacionales, en materia de derechos humanos y en la no discriminación de grupos o personas.
19. Intervenir en los pedidos de extradición.
20. Entender en la elaboración de proyectos normativos tendientes al impulso de métodos alternativos de solución de controversias y en las acciones destinadas a la organización, registro y fiscalización.
21. Entender en la aplicación de los Convenios de Asistencia y Cooperación Jurídicas Nacionales e intervenir en la de los Convenios Internacionales de la misma naturaleza.
22. Entender en los programas de lucha contra la corrupción del Sector Público Nacional, denunciar y colaborar con el PODER JUDICIAL y con el MINISTERIO PUBLICO FISCAL en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del ESTADO NACIONAL.
23. Entender en la compilación e información sistematizada de la legislación nacional, provincial, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y extranjera, la jurisprudencia y la doctrina.
24. Entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, en la fiscalización y en la representación del ESTADO NACIONAL ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
25. (Inciso derogado por art. 6° del Decreto N° 195/2024 B.O. 26/2/2024. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
26. Ejercer el control tutelar respecto de los organismos descentralizados actuantes en su órbita.
27. Entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos sus ámbitos de actuación. (Inciso incorporado por art. 1° del Decreto N° 450/2024 B.O. 24/5/2024. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
28. Entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, en coordinación con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y demás áreas de la Administración Pública con competencia en la materia. (Inciso incorporado por art. 1° del Decreto N° 450/2024 B.O. 24/5/2024. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
29. Entender en la administración y conservación de los bienes cautelados y recuperados en favor del ESTADO NACIONAL en el marco de los procesos penales de competencia de la justicia nacional y federal y de los procesos de extinción de dominio previstos en el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019 y coordinar con la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) las acciones necesarias para su enajenación o concesión para su explotación comercial. (Inciso incorporado por art. 3º del Decreto Nº 575/2025 B.O. 13/8/2025.)
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