Abriendo la norma
Ley provincial 6.730
Prejudicialidad civil y penal
El tribunal o el fiscal de instrucción deberán resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las referentes a la validez o nulidad del matrimonio, cuando de su resolución dependa la existencia del delito. En estos casos, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada. Si el ejercicio de la acción penal dependiera de juicio político, desafuero o enjuiciamiento previo, se observarán los límites y condiciones establecidos por la ley. (Concs. Art. 1°, 9° y 10 CPP Cba.; Art. 21 CPP C. Rica; arts. 11 Y 13 CPP - Mza.)
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