Abriendo la norma
Ley provincial 9.001
TRÁMITES COMUNES
Las medidas precautorias que este Código y otras leyes autorizan serán ordenadas por auto, sujetándose a las siguientes reglas, con las excepciones establecidas en este título. I.- El solicitante deberá acreditar en forma sumaria el derecho que invoca. Este requisito no podrá ser suplido por ofrecimiento de garantías o fianzas. II.- Acreditará también el peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la medida. III.- Se concederán bajo la responsabilidad del solicitante, quien deberá otorgar la contracautela dispuesta por la ley o por el Tribunal para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en el caso de haber sido pedida sin derecho. Podrán otorgarse seguros de caución, fianza de instituciones bancarias, comerciales o de personas de conocida reputación y responsabilidad económica, pero no se admitirá fianza de profesionales. Podrá admitirse caución juratoria en los casos autorizados por las normas de fondo y en supuestos de extrema vulnerabilidad del peticionante a criterio del Juez. IV.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la contraria, a la cual se le notificarán, de oficio, inmediatamente después de cumplidas. V.- El Tribunal podrá disponer una medida distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger y para evitar perjuicios o vejámenes innecesarios al demandado. VI.- Son siempre provisorias; subsisten mientras duran las circunstancias que las determinaren. VII.- El auto que acoge o rechaza el pedido, será apelable; en el primer caso sin efecto suspensivo. Podrá reiterarse la solicitud rechazada, cuando se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho, sujetándose al mismo trámite. VIII.- Las medidas precautorias cumplidas antes de la demanda, caducarán automáticamente, si dentro de los quince (15) días de haberse cumplido no se deduce la acción y el Tribunal, de oficio, dispondrá su levantamiento. El plazo se computará desde la traba de la primera medida cuando fueren varias. En tal supuesto, los daños y perjuicios serán a cargo del solicitante de la medida, quien no podrá pedirla nuevamente por la misma causa. IX.- Los depositarios, interventores y administradores judiciales, aceptarán el cargo y jurarán desempeñarlo fielmente, por acta, siendo responsables de los daños y perjuicios que ocasionaran por negligencia o incumplimiento de los deberes a su cargo. Están obligados a informar al Tribunal de sus actos y a rendir cuenta de lo percibido y gastado. Cuando se trabe embargo, se cumpla un secuestro o se ponga en posesión a un interventor o administrador judicial, se les entregará a éstos por el oficial de justicia una constancia de la medida cumplida, de los bienes afectados por ella, causa en que se dispuso la medida, Tribunal en que se tramita y en su caso el cargo que desempeña. X.- En el escrito en el cual se solicite la medida, se ofrecerá la prueba, la cual deberá recibirse en el plazo de un (1) día y dictarse pronunciamiento en idéntico plazo. XI.- Las medidas precautorias se cumplirán con auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio y habilitación de día, hora y lugar si fuera necesario. XII.- El Tribunal a pedido de interesados, puede decretar cualquier medida idónea para asegurar provisoriamente un derecho aún no reconocido por la justicia.
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