Abriendo la norma
Incorpórase el inciso c) al apartado I y Modifíquese el punto 1 del apartado II del Artículo 237 del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de Mendoza, Ley Nº 9001, los que quedarán redactados de la siguiente manera: "Artículo 237: REGLAS ESPECIALES I-SUJETOS DEL PROCESO. El proceso de desalojo se sustanciará: a) Entre Locador y Locatario de inmuebles y los sucesores de uno y otros a título singular o universal cuya obligación de restituir se haya hecho exigible. Así mismo, a opción del Locador podrán ser demandados los garantes por las costas. b) Entre usufructante y usufructuario y comodante y comodatario cuya obligación de restituir sea exigible por haber vencido el contrato y cualquier ocupante. c) Entre el I.P.V. y el beneficiario desadjudicado. II.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL JUICIO DE DESALOJO El proceso por desalojo se regirá por las normas del proceso monitorio con las siguientes modificaciones. 1) Para acceder al proceso monitorio por falta de pago o vencimiento de contrato en las locaciones urbanas o rurales y por vencimiento de contrato en los comodatos y usufructo, el actor deberá acompañar instrumento público, privado cuya firma esté reconocida o hubiera sido certificada por escribano público, de cuyo contenido surja el derecho en que funda la acción y constancia de intimación fehaciente de desocupación. Además, deberá denunciar la existencia de sublocatarios u ocupantes, según corresponda. En el caso de desalojo fundado en la causal del art. 232 inciso m), el título hábil consistirá en la resolución administrativa del Instituto Provincial de la Vivienda que dispone la desadjudicación y restitución, debidamente firmada por la autoridad competente y con constancia de notificación al beneficiario desadjudicado, entendiendo válida la notificación realizada en cualquiera de los supuestos establecidos en el art. 46 y 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 9003 ).- La interposición de recursos administrativos en contra de dicha resolución no suspenderá automáticamente el trámite del proceso monitorio ni sus efectos, salvo que la autoridad administrativa interviniente o la Suprema Corte de Justicia en el marco de una Acción Procesal Administrativa, dispongan expresamente la suspensión de la ejecución del acto.
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