Abriendo la norma
La política provincial de ciberseguridad se regirá por los siguientes principios: a) Gestión basada en riesgo: las medidas de ciberseguridad deberán definirse en función de la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. b) Proporcionalidad: las obligaciones y medidas deberán ser proporcionales a la criticidad de los activos, servicios, datos e infraestructuras involucradas. c) Confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad: la gestión de ciberseguridad deberá proteger la información contra accesos no autorizados, alteraciones indebidas, destrucción, indisponibilidad o uso ilegítimo. d) Continuidad y resiliencia: las acciones deberán orientarse a mantener la prestación de los servicios públicos digitales, incluso en condiciones degradadas, y a recuperar su funcionamiento ante incidentes. e) Control de daños: ante incidentes de ciberseguridad deberán adoptarse medidas oportunas para evitar su propagación, escalamiento o impacto sobre otros organismos, sistemas o servicios. f) Coordinación institucional: los organismos alcanzados deberán actuar de manera coordinada, evitando duplicidad, contradicción o interferencia de funciones. g) Responsabilidad compartida: cada organismo será responsable de la seguridad de sus datos, activos, sistemas y servicios, dentro del marco rector establecido por la presente ley. h) Seguridad y privacidad desde el diseño: los sistemas, plataformas, integraciones y servicios digitales deberán incorporar criterios de seguridad y protección de datos desde su diseño, desarrollo, adquisición, implementación y operación. i) Respuesta responsable: las medidas de respuesta ante incidentes deberán orientarse exclusivamente a la prevención, contención, mitigación, recuperación y mejora continua, quedando excluidas acciones ofensivas. j) Mejora continua: el sistema provincial de ciberseguridad deberá actualizarse periódicamente conforme a la evolución tecnológica, normativa y del entorno de amenazas.
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