Abriendo la norma
En casos de riesgo grave o inminente para la seguridad pública y ciudadana, la integridad de las personas, la convivencia de la comunidad o de los vecinos del lugar, o cuando exista peligro cierto de ruina, derrumbe o riesgo de continuidad inmediata de utilización del bien para actividades delictivas, la autoridad de aplicación podrá disponer y ejecutar, con carácter urgente, las medidas materiales estrictamente necesarias para hacer cesar o neutralizar la situación. La intervención preventiva administrativa de urgencia deberá fundarse en circunstancias objetivas y verificables que no admitan demora y comprenderá las medidas indispensables para neutralizar el riesgo constatado. En el acto de ejecución deberá labrarse un acta circunstanciada que contenga, como mínimo, la individualización y ubicación del bien, la descripción concreta del riesgo o situación de urgencia constatada, las razones por las cuales la demora propia del procedimiento ordinario habría podido agravar el riesgo o frustrar la finalidad de la intervención, las medidas ejecutadas, la identificación de los agentes y organismos intervinientes, el registro fotográfico, audiovisual, técnico o documental, y la identificación, cuando resulte posible, de titulares, poseedores, tenedores, ocupantes o terceros vinculados al bien. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al acto de ejecución, la autoridad de aplicación deberá dictar una resolución de intervención preventiva administrativa de urgencia, debidamente fundada con los antecedentes mencionados. La resolución deberá ser notificada inmediatamente en la forma dispuesta en esta Ley.
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